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martes, 21 de julio de 2015

¿Qué es el plan de trabajo garantizado que propone Izquierda Unida?

IU plantea crear un millón de empleos en un año con menos del 1 por ciento del PIB
El plan de Izquierda Unida para acabar con el desempleo se llama 'Trabajo garantizado'. Se trata de un ambicioso programa de inversión pública con un objetivo igual de ambicioso: crear un millón de empleos en solo un año para, de esa forma, reactivar la economía y aspirar al pleno empleo. Según el documento sobre el que trabaja el partido, el trabajo garantizado no solo crea trabajo, sino que "alivia muchos de los problemas derivados del desempleo", "se satisfacen innumerables necesidades económicas", consigue "estabilidad macroeconómica" y evita "tensiones deflacionistas".
¿En qué consiste exactamente el plan?
En movilizar presupuesto público para que el Estado garantice empleo a las personas que no lo han podido encontrar en el mercado privado. El plan de IU propone crear un millón de empleos públicos en un año. El ente contratante sería el Servicio Público de Empleo, pero serían las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que gestionarían ese trabajo. Se trataría de un contrato diferente a los que existen ahora, es decir, no serían funcionarios ni personal laboral. "Es una relación laboral que no existe, hay un equipo de juristas trabajando en ello pero sería compatible con la legislación vigente", explica el coordinador de este plan, Eduardo Garzón.
¿Tendrían los mismos derechos que un trabajador normal? ¿Cuál sería el salario?
Estos empleos cotizarían y tendrían todos los derechos laborales salvo uno: el derecho a la negociación colectiva. "Es una medida de emergencia y es importante que estos salarios no puedan ser negociados. Es posible llegar al pleno empleo contratando a todas las personas que quedan fuera del mercado laboral privado siempre que las remuneraciones sean bajas", asegura Garzón. Es decir, los salarios más altos del sector privado estimularían a los trabajadores de este plan a aceptar otros trabajos.
"Además, las empresas se verían obligadas a ofrecer sueldos más altos si quieren atraer talento. La idea es que todo lo que quede por debajo acabe desapareciendo, porque la gente podría dejarlo para acogerse al trabajo garantizado", dice. El plan de IU determina salarios de entre 900 y 1.200 euros brutos en función de la cualificación. Los sueldos más altos supondrían una remuneración de unos 1.050 euros netos al mes, unos 15.000 euros anuales.
¿Qué tipo de empleos se crearían?
IU habla de varios sectores: servicios sociales, cuidado del medio ambiente, servicios culturales, deportivos y recreativos, y construcción y mantenimiento de infraestructuras. Más concretamente, cuidado de dependientes, niños, apoyo a estudiantes, protección de bosques, reciclaje, cuidado de espacios verdes, protección del patrimonio o mantenimiento de infraestructuras, entre otros.
Eduardo Garzón habla de un núcleo principal de empleos –formado por los trabajos que atienden necesidades más urgentes o necesarias para la sociedad– y de una red de empleos no tan perentorios. De esta forma, si una persona con un empleo 'del núcleo' encuentra un puesto en el sector privado, otra persona del programa de trabajo garantizado que estuviera desempeñando una labor diferente le sustituiría. "Habría una transferencia de trabajadores a necesidades prioritarias", asegura.
¿Quién decidirá a quién contratar y con qué criterios se elegirán a las personas beneficiarias?
Aunque el SEPE será el agente contratador, la idea de IU es que sean los entes locales "junto a la sociedad civil" los encargados de decidir qué trabajos se harán en cada comunidad en función de sus necesidades. ¿A quién elegir? Es uno de los puntos por aclarar y en el que los expertos que preparan el plan del partido siguen trabajando. "Hay varias ideas, contratar a personas que vivan en familias sin ingresos, o bien contratar jóvenes, o que los municipios y la sociedad civil decidan en función de las características de cada comunidad", explica Eduardo Garzón.
¿Cuánto cuesta este programa?
La estimación de IU es una inversión inicial de unos 15.000 millones de euros. Sus cálculos indican que parte de ese dinero se recuperaría, puesto que volvería al Estado en forma de cotizaciones e impuestos. En ese caso, creen que el impacto neto sería de 9.600 millones, una previsión que consideran conservadora y fácilmente mejorable si se tiene en cuenta que también supondrá un ahorro en, por ejemplo, prestaciones por desempleo.
El partido propone financiar este plan mediante los recursos obtenidos de una reforma fiscal amplia, así como con préstamos del Banco Central Europeo a través del Instituto de Crédito Oficial. No descartan acudir a acreedores privados si fuera necesario.
¿Cómo garantizar que el empleo público no se degrada y que estos empleos no impiden la actividad privada?
"Son dos riesgos, habrá que controlarlos y evitar que ocurran", dice Garzón. Sobre el primer paso, que este tipo de empleos acaben sustituyendo a los puestos de trabajo que cientos de miles de personas hacen para las administraciones, Garzón señala que habría que asegurarse de que las administraciones no pueden despedir a empleados públicos para luego utilizar esta figura. En cuanto a que este tipo de actividades impidan que empresas privadas especializadas se queden sin mercado, asegura que existirá una especie de autorregulación: si una comunidad detecta que ese servicio ya está ofrecido, decidirá crear los empleos en otro sector.
¿Qué efectos pretenden?
Por un lado, IU estima que ese millón de empleos generarían alrededor de otros 200.000 o 300.000 puestos de trabajo privados y que, en general, ayudarían a reactivar la economía. "Permite un aumento de la capacidad adquisitiva, eso elevaría el consumo, supondría más ventas, mejores previsiones empresariales, más empleo...". Garzón recuerda que este plan iría acompañado de otras medidas encaminadas a conseguir los mismos resultados y que se trata de un programa "de urgencia". IU asegura que la desigualdad se reduciría, el trabajo de cuidados se dignificaría, y las actividades económicas y sociales que actualmente son insuficientes para cubrir las necesidades de la gente se reforzarían.
"Es profundamente absurdo y contraproducente que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos y de nuestro medio ambiente no estén cubiertas", reza el documento con el que trabaja IU.

domingo, 19 de julio de 2015

Intentaron ingresar a Misiones un camión con votos del PRO en “negro” - See more at: http://www.elsindical.com.ar/notas/intentaron-ingresar-a-misiones-un-camion-con-votos-del-pro-en-negro/#sthash.5U31pq7c.dpuf

Resultado de imagen para I votos del PRO en “negro” -
Fue interceptado por inspectores provinciales de Rentas en la Ruta 12, en el límite con Corrientes. En el vehículo se hallaron más de 1.600.000 votos de candidatos del PRO en Cambiemos el País. Presentaron facturas y documentación de traslado “trucha” y no tenía destinatarios en Misiones. La carga estaría valuada en más de un millón de pesos.
Un camión con un semirremolque con más de 1.600.000 votos de candidatos del PRO en el Frente “Cambiemos el País” fue interceptado este miércoles cuando intentaba ingresar a la provincia de Misiones, sin facturas ni documentos legales que avalen la carga.
El vehículo fue detectado por inspectores fiscales de la Dirección General de Rentas (DGR) de la provincia en el área conocida como “El arco” de la ruta 12, que limita con Corrientes, según informó a la prensa el organismo público.
Puntualmente, se denunció que llevaba avales de traslado “truchos” y que no tenía destinatarios en Misiones. Sólo tenía un documento interno de una empresa gráfica de Capital Federal, una sociedad anónima, que tiene la obligatoriedad legal de circular con documentación respaldatoria según exigencias de la Afip y la DGR-Misiones.
La documentación trucha con la que circulaba el camión decía que transportaba volantes políticos, cuando en realidad eran votos. También consignaba que iba con destino a Balcarce 331, Buenos Aires,  aunque estaba intentando ingresar a Misiones.
La mercadería incautada promocionaba las candidaturas a presidente del jefe porteño, Mauricio Macri, y a diputado nacional por Misiones de Humberto Schiavoni; quien fue ministro de Economía provincial.
Estimativamente, la carga estaría valuada en más de un millón de pesos; mientras que lo que se dirigía a Misiones se aproxima al medio millón de pesos.
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El sistema oculto en las máquinas de Vot.Ar

Vot.Ar
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha implementado un sistema de voto electrónico que debería cumplir una serie de requisitos. Contrariamente a lo informado por la Justicia Electoral, el Gobierno y los medios de comunicación, el sistema viola varios puntos de la ley, su decreto reglamentario y las condiciones de licitación.
“Tanto la solución tecnológica, como sus componentes de hardware y software debe ser abierta e íntegramente auditable antes, durante y posteriormente a su uso”.
(Artículo 24, inciso “b” del anexo 2 de la ley 4894 de la CABA)
“El contratista deberá proveer al conocimiento y acceso, a los programas fuentes, funcionamiento de las máquinas de votación, sus características y programas (tanto hardware como software)“.
(Inciso 3.4.1, ítem 2, del pliego de la licitación pública 2-SIGAF-2015 de la CABA)
“La máquina de votación no debe tener memoria ni capacidad de almacenar el registro de los votos”.
(Anexo I, artículo 24, inciso “p” del decreto 376/014 de la CABA)
“El dispositivo electrónico de emisión de voto y escrutinio […] no debe tener memoria ni capacidad de almacenar el registro de los votos”.
(Inciso 3.5.2 del pliego de licitación pública 2-SIGAF-2015 de la CABA)
“Ponemos un equipo, una máquina absolutamente boba, que no tiene disco rígido, que no tiene memoria, que no tiene capacidad de almacenamiento alguno“.
(Sergio Angelini, CEO y principal accionista de Grupo MSA)
“No tiene memoria la máquina, porque es una impresora“.
(Guillermo Montenegro, Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la CABA)

¿Una impresora o dos computadoras?

El sistema de voto electrónico (rebautizado “boleta única electrónica” en la CABA) Vot.Ar de la empresa MSA consta de una máquina que actúa, en una primera etapa, como emisora y, en una segunda, como contadora de votos. La empresa asegura que dicha computadora no tiene ninguna capacidad de almacenamiento, tal como lo exige el pliego de licitación. Además, MSA está obligada a proveer el software a utilizarse a fin de la realización de auditorías.
Con respecto al software, unos días antes de la votación, la autoridad electoral convoca a los partidos políticos a que envíen a sus “fiscales informáticos” y, en un proceso conducido por los técnicos de la empresa, revisan el código fuente de la aplicación (tanto como esto puede hacerse en una pantalla y en un par de horas), y graban un DVD “maestro”. Luego, y siempre a la vista de todos, realizan tantas copias del DVD como mesas haya en la elección, y las entregan a la Justicia Electoral para su custodia. No se verifica que ese código se corresponda con alguna versión previamente auditada y considerada estable, ni tampoco la autenticidad e integridad del restante software incluido en el DVD (sistema operativo y unos 600 programas). De esta forma, notoriamente insuficiente, se intenta mostrar que la integridad del software que ejecutarán las máquinas de votación y conteo está garantizada.
Lo que la empresa no dice, y ninguna de las auditorías publicadas aclara, es que la máquina de votación no es una computadora, sino dos. Una de ellas, la visible, es la que ejecuta el software que se encuentra en el DVD de arranque (digamos, el conjunto que ha sido parcialmente auditado). La otra, de la que nada se comenta, ejecuta un software desconocido para la autoridad electoral, los partidos políticos y el público en general, en clara violación de la ley y su decreto reglamentario.
Esta segunda computadora se encarga, ni más ni menos, de gestionar el dispositivo de lectura y escritura de los chips RFID incluidos en las boletas, además de la impresora. En ella, se ejecutan un sistema operativo y un programa que no sólo no son mencionados en las auditorías, sino que escapan hasta al limitado escrutinio que se permite a los fiscales informáticos partidarios.
Para agravar la situación esta segunda computadora, contraviniendo el decreto reglamentario de la ley, los términos de la licitación y la palabra de la empresa, sí tiene capacidad suficiente para almacenar cuando menos los identificadores únicos de cada chip RFID, el número de secuencia, la hora de emisión (grabación) y el contenido de cada voto. Recordemos que por este subsistema pasa todo lo que es escrito en (o leído de) los chips de las boletas de votación y lo impreso en las mismas, y de almacenarse esta información podría violarse el secreto del voto.
Y para aumentar aún más las sospechas sobre el sistema, al menos en los modelos que hemos podido verificar, se encuentra presente un cable (accesible en la parte inferior del chasis de la máquina de votación) mediante el cual sería posible acceder a la información guardada en esta segunda computadora, como así también modificar su software, en cuestión de segundos.

Descripción técnica

La arquitectura

La máquina de votación está compuesta por dos subsistemas principales: uno basado en un procesador Intel (Celeron o Atom, según el modelo), que ejecuta una versión del sistema operativo Ubuntu y sobre éste la aplicación Vot.Ar (escrita principalmente en Python y Javascript), y otro basado en un procesador ARM que ejecuta un sistema operativo desconocido (posiblemente chibiOS o FreeRTOS) sobre el cual corre una aplicación cuyo código también se desconoce.
Arquitectura de Vot.Ar

El subsistema ARM

El procesador ARM se encarga de gestionar el lecto/grabador RFID ISO/IEC 15693 y la impresora térmica. Es accesible al subsistema anterior como un dispositivo serial, a través del dispositivo “ttyACM0″ en Linux (como puede apreciarse en el módulo armve del software Vot.Ar). En los modelos analizados, se trata de un chip Atmel AT91SAM7X256, como puede observarse en la siguiente imagen:
Atmel AT91SAM7X256
Según las especificaciones del fabricantedicho chip posee una memoria flash (de almacenamiento permanente) integrada de 256 Kbytes suficiente para almacenar (además del sistema operativo y la aplicación) la información de los votos emitidos en más de una mesa.
Según la documentación del chip Atmel AT91SAM7X256, este puede ser programado(incluyendo la lectura y grabación de su memoria flash) a través de una interfaz JTAG.
Documentación del chip Atmel AT91SAM7X256
Además, mediante el “security bit” puede impedirse el acceso al software almacenado en el chip (que podría utilizarse además de violar el secreto para ciertas formas sutiles de fraude).

El cable JTAG

El chasis con forma de valija de las máquinas de Vot.Ar evidencia un cuidadoso diseño: cada elemento está debidamente colocado y sujetado mediante guías dispuestas a tal efecto. No se observa en el conjunto ningún elemento que no cumpla una función específica. La parte del chasis que actúa como base del equipo, posee 5 cavidades cubiertas por tapas de color negro. En las 3 cavidades inferiores se ubican los dos packs de baterías y la fuente de alimentación para conectar el equipo a la red eléctrica.
Base de una máquina Vot.Ar
En el compartimiento superior izquierdo, según la imagen anterior, en los equipos analizados se encontró lo siguiente:
Cables en una máquina Vot.Ar
Los cables que vienen de la parte superior y que van hacia abajo y hacia la derecha, son los que transportan la energía eléctrica desde las baterías y desde el transformador. Llama la atenciónun cable que finaliza con un conector en esta cavidad. Siguiendo el recorrido de estos cables, a través de la bisagra del chasis y hasta la parte superior, observamos lo siguiente:
Cables en una máquina Vot.Ar
Tanto los cables de potencia como el cable no identificado van conectados al motherboard del equipo. Los de electricidad en un conector de alimentación, y el restante en un conector etiquetado como “JTAG”.
¿Se utiliza este cable para programar/leer la memoria del chip ARM? ¿Cuál es el objetivo de colocarlo de forma accesible en la base del equipo? ¿Se encuentra también en las máquinas utilizadas en las votaciones oficiales?

Conclusiones

  • El sistema está compuesto por dos computadoras independientes, cada una de las cuales ejecuta un sistema operativo y aplicaciones sobre él.
  • El sistema basado en el procesador ARM tiene capacidad de almacenamiento permanente, suficiente para almacenar la información de los votos de más de una mesa.
  • El sistema basado en el procesador ARM no ha sido auditado (ni su hardware ni su software).
  • El software (sistema operativo y aplicación) que se ejecuta en el procesador ARM no ha sido puesto a la vista de la Justicia Electoral, ni de los auditores, ni de los fiscales informáticos de los partidos políticos.
  • Llama la atención la colocación de un cable JTAG, accesible en la base del equipo, que podría servir para acceder a la memoria de almacenamiento permanente del sistema ARM.
Claramente, las máquinas de votación Vot.Ar —y al margen de otros cuestionamientos más profundos— incumplen tanto la ley electoral de la CABA como su decreto reglamentario.

Actualización (19 de julio de 2015

El presidente de la mesa 2188 pudo verificar la existencia del cable JTAG en la máquina de votación asignada a la misma.
Cable JTAG en la mesa 2188
Cable JTAG en la mesa 2188
Cable JTAG en la mesa 2188
Además, el presidente de mesa labró un acta que será elevada a la Justicia Electoral, cuyo texto dice:
“Se hace constar que en uno de los compartimentos de la base de la máquina de votación número XX-XXXX-XXXX, puede observarse un cable negro grueso con un conector blanco con 8 (ocho) hilos (cables finos)”.