Publicado el 15 diciembre 2012.
Por Osvaldo León | Bajo la consigna “del No al ALCA a la Integración Regional”, el pasado 10 de octubre, Argentina fue escenario de múltiples actividades promovidas por una diversidad de actores políticos y sociales para conmemorar los siete años de la histórica jornada que tuvo lugar en el balneario de Mar del Plata, donde los pueblos y gobiernos latinoamericanos ponen punto final al proyecto estratégico estadounidense de crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
El No al ALCA constituye un parte aguas en el rumbo y el escenario político de la región que se manifiesta en una mayor autonomía de los países respecto a Washington y el consiguiente impulso a la integración regional y a la autodeterminación. Expresión de esta dinámica de reconexión con los intereses propios es la conformación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Un componente gravitante en este desenlace es la “Campaña Continental contra el ALCA”, impulsada por una diversidad de movimientos sociales, que en todos los países del continente logra tanto la confluencia de una gama amplia de sectores económicos, políticos, sociales, culturales y otros estamentos, como también desencadenar actividades públicas de todo tipo y movilizaciones emblemáticas, y colocar en agenda la demanda de avanzar hacia una integración popular y soberana.
Para Estados Unidos, entonces presidido por George Bush hijo, el ALCA constituye el nuevo paso estratégico para consolidar la relación de subordinación y dependencia que los gobernantes de ese país han sostenido respecto a Latinoamérica y el Caribe a través de una secuencia de doctrinas: desde la Monroe (“América Latina para los americanos”), pasando por la del Panamericanismo, Gran Garrote, Buen Vecino, Alianza para el Progreso, Seguridad Nacional, contención del comunismo, hasta la del “libre comercio” (ALCA).
El descarrilamiento del ALCA no solo representa un golpe a los diseños estratégicos de la potencia del Norte, sino también a las élites criollas que permanentemente se han alineado con ella, y que en las circunstancias su poder mediático resultó fallido ante una campaña NoAlca que capitalizó la movilización, los espacios de reflexión, y sobre todo la capilaridad que tienen los movimientos sociales en la reconstrucción de sentidos.
Pero una cosa es reaccionar, movilizarse, ante una amenaza (el ALCA) y otra muy distinta es asumir los retos que plantea el nuevo escenario marcado por los procesos renovados de integración que demanda iniciativas, propuestas, exigencias de participación social para que tales procesos tengan perspectiva de futuro, pues la sola voluntad política de los gobernantes no basta.
Claves culturales
Como el giro político que se registra en la región es expresión del rechazo popular a las políticas neoliberales -cuyas promesas de bienestar no solo que no se cumplieron sino que agudizaron la desigualdad social-, los nuevos vientos de integración soplan más allá del factor comercial para propiciar diálogos en términos de cooperación y concertación política. En esta dinámica se inscribe la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) pues, como precisa Pedro Sassone, sociólogo venezolano integrante de la Secretaría General de este organismo, se trata de “un proceso de construcción a partir de un diálogo político de entendimiento y confianza de los Estados frente tanto a los grandes problemas estructurales que tiene Suramérica, como a las grandes potencialidades y fortalezas. O sea, UNASUR es un espacio de posibilidades, porque te da la posibilidad de que dentro de la diversidad podamos construir un consenso, cosa que no es fácil, es un proceso político complejo, pero cuando hay voluntad política se encuentran los espacios de consenso”.
Tras señalar que “los procesos de integración no se consolidan en el tiempo si no hay participación social”, reconoce que a UNASUR “le hace falta ese componente esencial que la haga irreversible en el tiempo, esa es la visión a largo plazo, que los sectores sociales, los medios de comunicación y las comunidades asuman el proceso de integración. Es un proceso a construir, y las construcciones se dan desde la sociedad”.
A este proceso de integración, reconoce, “le falta un componente social que lo haga irreversible en el tiempo, porque estos son procesos que se van estructurando en el tiempo, no son cosas de corto plazo, esa visión de largo plazo se podrá hacer realidad en la medida que la sociedad, las comunidades, los sectores sociales, los medios de comunicación también asuman el proceso de integración, que es un proceso a construir, y las construcciones se dan desde la sociedad. Por lo mismo, falta que desde los propios movimientos sociales empiecen a surgir propuestas, iniciativas de participación, que pasen a conformar consensos en la diversidad para construir sus agendas de integración”.
Si bien el tema de la participación está contemplado desde la constitución jurídica del organismo, no es sino hasta el pasado 30 de noviembre, en la VI Cumbre realizada en Lima, Perú, que se traduce en un mandato expreso. El punto 15 de la Declaración señala: “Que la participación de los actores sociales es un aspecto sustantivo del proceso de integración suramericana y fundamento de su Decisión de crear un Foro de Participación Ciudadana de UNASUR como espacio específico y propio, e instan a los Consejos Sectoriales, Grupos de Trabajo y demás instancias de UNASUR a establecer, según su propia especificidad y fines, mecanismos de difusión de sus actividades y de recepción de sugerencias e iniciativas”.
El curso y contenidos que adquiera este mandato va a depender, obviamente, de las fuerzas en presencia, pues bien puede ser abordado con un sentido formal, cuando no instrumental, en tanto simplemente se trataría de abrir espacios institucionales –necesarios por cierto- para que entidades organizadas de la sociedad tengan la oportunidad de decir su palabra, o bien con un sentido estratégico cuyo desafío pasa porque la integración regional se convierta en un eje político movilizador del campo popular.
Esto último es fácil decirlo, pero en la realidad se trata de una tarea cuesta arriba pues lleva a confrontar marcos culturales, ideológicos, sedimentados por siglos de dominación con las políticas colonialistas e imperiales del “divide para vencer” que han repercutido en indiferencia, animosidades, cuando no odios y hasta xenofobia, incluso entre vecinos con raíces comunes distanciados por fronteras artificiales. Esos estereotipos que subyacen en los intersticios sociales donde la dominación reafirma su hegemonía, por lo demás, muy marcada por la extranjerización cultural de nuestras élites.
En una conversación sobre este tema, la filósofa e historiadora venezolana Carmen Bohórquez, coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, sostiene: “no solamente precisamos superar la dominación externa, sino también la interna, lo cual pasa por la integración de nuestras sociedades, en el sentido real de los términos… (asumiendo) que somos todavía un archipiélago de pueblos que no hemos logrado integrarnos en un proyecto colectivo común. No se trata de borrar la diferencia cultural, porque creo que todos estamos orgullosos de nuestras raíces… sino cómo lograr que esas memorias se unan y pasen a ser memoria de todos”.
Hacia una agenda social de comunicación
El rescate de la memoria histórica, la construcción de identidades y de sentidos y horizontes comunes son, entre otros, los desafíos que colocan en la disputa cultural los procesos de integración. En este plano, uno de los espacios más importantes es el de la comunicación y en ésta, el sistema mediático. Un poder altamente concentrado y patrimonialista, que ha pasado a ser el paladín de la oposición a los vientos de cambio (ante el descalabro de los partidos de derecha), y por tanto en puntal de los cuestionamientos a los procesos de integración regional, presentando como única opción válida la inserción a la globalización neoliberal.
De manera generalizada, la réplica se ha limitado a la denuncia o a la contrainformación, que con ser necesarias resultan insuficientes, siendo que el momento reclama definir agendas propias para dar impulso a una comunicación contrahegemónica que, entre otras cosas, propicie la construcción de relatos alternativos en la interacción con los procesos organizativos sociales, lo cual pasa por rescatar el sentido mismo de comunicación, que implica diálogo, hoy avasallado por la lógica transmisiva imperante. Cuestión aún pendiente de debate en los propios procesos de cambio.
Aunque todavía de manera embrionaria, están surgiendo propuestas, o cuando menos señalamientos, para avanzar en la definición de una agenda social de comunicación en la perspectiva de hacer efectiva una integración con participación de los pueblos. Al respecto se destacan tres ejes: medidas efectivas para democratizar la comunicación, estrategias e iniciativas regionales de comunicación y la integración de infraestructuras y compatibilidad de sistemas.
En la agenda pública de prácticamente todos los países de Suramérica se ha instalado el tema de la democratización de la comunicación que hasta hace poco estaba condenado al ostracismo, teniendo como epicentro la disputa por el establecimiento de normativas cuando menos para el campo mediático. Este tema que antes estaba circunscrito a actores vinculados a esta actividad (particularmente medios alternativos y populares), cada vez más es asumido socialmente o cuando menos por sectores sociales organizados, en tanto factor estratégico para consolidar la democracia y profundizar los cambios sociales.
En esta línea se inscribe el desafío de avanzar en términos propositivos de cara a la integración regional, partiendo de la exigencia de que en ella se incorpore a la comunicación como un eje estratégico institucional y programático, ya que hasta ahora brilla por su ausencia.
En cuanto a las estrategias e iniciativas regionales de comunicación, cabe destacar que en el plano de medios públicos se registran avances importantes por acuerdos que se vienen estableciendo entre agencias de noticias, radios y TVs, como también por la creación de un medio paradigmático como es Telesur. En el campo de la comunicación alternativa y popular también hay voluntades que van en este sentido, como es el caso del Enlace de Medios para la Democratización de la Comunicación (http://enlacemedios.info/) que además de esta causa asume como eje central los procesos de integración. Queda por encontrar los caminos conducentes a entendimientos más amplios para lograr un foro de movimientos de comunicación que potencie los debates e intercambios necesarios para la formulación e implementación de propuestas que permitan incidir en los espacios de participación, como el que se ha abierto en UNASUR.
No menos importante es la integración de infraestructura y compatibilidad de sistemas, pues ahí se pone en juego la soberanía tecnológica respecto a un hecho central: el paso del mundo analógico al digital. No se trata solamente de conectividad, sino de políticas públicas para que estos nuevos recursos contribuyan a resolver viejos problemas, como los relacionados a la concentración y monopolización, propiciando una mayor pluralidad y diversidad para que la libertad de expresión no continúe como un privilegio de pocos sino como un derecho del conjunto de la sociedad.
En suma, siendo que hay una multiplicidad de fuerzas que le apuestan a la integración -al tiempo que se multiplican las amenazas del vecino del Norte, puesto que América Latina y el Caribe son considerados como su principal reserva estratégica segura, con el obsecuente alineamiento de que las élites criollas- ¿no será hora de reeditar la confluencia que se alcanzó cuando la Campaña NoAlca, con los debidos matices que marcan los tiempos, por cierto?
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