EL CASO MARITA VERON, COMPLICA POLÍTICAMENTE AL GOBERNADOR DE TUCUMAN JOSE ALPEROVICH Y A SU MUJER LA SENADORA BEATRIZ ROJKES 

La indignación popular por la absolución masiva de responsables provocó incidentes en la Casa de Tucumán en Buenos Aires y en los edificios públicos tucumanos. Comenzó a sobrevolar el fantasma de la intervención del Poder Judicial de la provincia. Alperovich almorzó el miércoles con los jueces de la Corte para tranquilizarlos, mientras los diarios recordaban la intervención a Santiago del Estero en 2004 y la de Catamarca en 1990 por el caso de María Soledad.

Un hilo invisible une los feudos con las muertes de chicas jóvenes en provincias en las que la vida vale menos : pasó en Catamarca, pasó en Santiago, pasa ahora en Tucumán.

El Zar tucumano –y su mujer, tercera en la línea de sucesión presidencial, Beatriz Rojkés– están acorralados por la maraña de su propia gestión: desde su asunción como gobernador en 2003 -antes había sido ministro de la gobernación de Miranda- eliminó el Consejo Asesor de la Magistratura para que las designaciones de nuevos jueces y miembros del Ministerio Público fueran potestad del Ejecutivo provincial. Eliminó la Fiscalía Anticorrupción (sí, no es error: eliminó) ; reformó el sistema procesal “fijando” una Cámara de Apelaciones Única, integrada por la hermana del ministro de Gobierno Edmundo “Pirincho” Jiménez, Liliana Vitar (hermana de un funcionario nacional) y un tercer integrante designado por el gobernador en forma personal; modificó la Ley de Fueros de modo que los políticos con cargo ejecutivo y/o electivo no puedan ser investigados como un ciudadano común sino sujetos a determinadas reglas procesales; de las diez Fiscalías de Instrucción (encargadas de investigar todas las denuncias penales) designó en forma directa ocho fiscales ; designó también a tres fiscales de Cámara, tres defensores oficiales penales, una fiscal correccional y un juez correccional; en las seis Salas de Juicios Orales compuestas de tres miembros cada una designó a 9 de los 15 que están en funciones, e impuso a tres de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia Provincial.

Eduardo Romero Lascano, uno de los tres jueces que absolvió a los responsables del caso Marita Verón, es primo del ministro de Gobierno Jiménez y el principal asesor de Beatriz Rojkés en el Senado. Juró hace un año como Camarista penal y aunque no posee experiencia alguna como magistrado fue designado este año presidente de la Cámara Penal , que aglutina a las seis salas de juicio. Es, también, apoderado de Mitkey Investment Corp, una empresa con domicilio legal en las Islas Vírgenes.