Intendentes electos de Cambiemos piden “asistencia técnica” para echar empleados

Intendentes y asesores del PRO que asumirán el 10 de diciembre en distritos del conurbano pidieron al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires “asistencia” y respaldo para encarar un recorte de empleados.

A horas de resultar electo intendente de Quilmes, el cocinero Martiniano Molina declaró ante la prensa que el municipio podía funcionar con “la mitad de empleados”. Para la alianza “Cambiemos”, el camino del ajuste empieza por los trabajadores.

Este viernes, en la sede del Colegio de Abogados de la Provincia, se desarrolló un encuentro entre funcionarios y el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Grinberg, con más de 70 intendentes electos que asumirán el máximo cargo en sus distritos por primera vez.

Entre los asistentes al evento se encontraban Martiniano Molina (Quilmes); Julio Garro(La Plata); Juan Fioramonti (Lobería), entre otros alcaldes electos; más asesores de la electa gobernadora de la provincia María Eugenia Vidal y de otros municipios, entre los que se destacaba la nutrida delegación de Vicente López, a pesar de que el intendente primo de Mauricio Macri va por su segundo mandato al frente del municipio.

Durante el encuentro, los aún no estrenados intendentes del PRO volvieron una y otra vez sobre la necesidad de “asistencia técnica” por parte del Tribunal de Cuentas, organismo de control y fiscalización de las cuentas públicas provinciales y municipales. Sin embargo, la demanda no estaba centrada en la capacitación para la administración de cuantiosos presupuestos municipales que tendrán a su cargo a partir de diciembre, sino que estuvieron principalmente dirigidos a la provisión de alguna suerte de mecanismo administrativo para disponer el recorte de empleados municipales, burlando las disposiciones que protegen especialmente el empleo público de despidos arbitrarios.

Una asistente al evento, quien se identificó como “asesora letrada de la electa gobernadora” hizo especial hincapié en el acta de transferencia de funciones que deben firmar los miembros del Poder Ejecutivo saliente junto a los entrantes, más los funcionarios de ley. La asesora de Vidal reclamaba al Presidente del Tribunal de Cuentas el respaldo del acta con su firma, a pesar de que Grinberg intentaba explicarle que el procedimiento legal impedía su intervención en ese acto.

Otra sorpresa se dio cuando Grinberg reveló que el Auditor General de la Nación, Leandro Despouy, se habría comunicado con él para poner en su conocimiento el compromiso que al parecer asumió con intendentes del PRO, de “poner a disposición” personal de la AGN para el acompañamiento de los intendentes electos en el inicio de sus funciones. El Presidente del Tribunal fue firme al indicar que tales funciones eran exclusivas del Tribunal a su cargo, y entre los participantes hubo quienes deslizaron que un eventual destino de personal de la AGN a los municipios ganados por el PRO constituiría, como mínimo, el delito de malversación de caudales públicos, además de una inaceptable violación a la autonomía provincial y municipal.

Con la sucesión de estos indicios respecto de los recortes que encararían los intendentes del PRO a partir de diciembre, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), adelantó el estado de “alerta y movilización” y su titular, Rubén García, advirtió a los alcaldes que asumirán en diciembre que “vamos a pelearnos con cualquier intendente que no nos respete”.