Rechazo unánime de los jueces a pagar el impuesto a las Ganancias
Todos
los funcionarios judiciales están exentos. Defienden el artículo 110 de
la Constituición. Una comisión se reunirá en los ministerios de Justicia
y Hacienda
El esperado encuentro entre jueces, fiscales, defensores oficiales y
trabajadores judiciales para debatir la inclusión de ese sector en el
pago del impuesto a las Ganancias generó una fuerte protesta de los
empleados en la planta baja del palacio de Tribunales. Así, en medio de
la tensión en el lugar, se desarrolló la audiencia, en la que se acordó
la formación de una comisión especial que se reúna con representantes de
los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Finanzas para profundizar
las charlas sobre el tema.
Por una legislación reactualizada en 1996 por la Corte, los funcionarios judiciales están exentos del pago de Ganancias y, en ese contexto, los empleados judiciales quedaron asimilados y equiparados con ese beneficio, bajo el argumento de la "intangibilidad de los salarios" del Poder Judicial y la independencia de los magistrados. En la reunión de ayer, por unanimidad, los distintos sectores de la actividad judicial plantearon la necesidad de continuar con el régimen de exención de ese gravamen.
"Tenemos que separar lo jurídico de lo personal. Desde lo jurídico, es imposible apartarse de lo dispuesto por el artículo 110 de la Constitución Nacional", sostuvo una de las partes involucradas en la cita de ayer, que pidió no dar su nombre. En esa línea, consideró que el privilegio se debe mantener, aunque sostuvo que "hay que buscar la manera de darle una explicación a la sociedad de por qué" los jueces deben estar exentos.
El artículo 110 de la Constitución detalla que "los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones". La fuente consultada por El Cronista resaltó incluso que el texto nacional es mucho más contundente que el estadounidense. Y citó, por ejemplo, que en Estados Unidos se cambió el sistema y se incluyó en el pago de impuestos a los jueces ingresantes, manteniéndose al margen a los que ya estaban dentro del sistema. Consideró "muy difícil" trasladar ello a la realidad judicial nacional, ya que generaría disparidades en cargos iguales.
Los salarios de los jueces podrían sufrir un fuerte impacto si se los incluye en Ganancias. En la actualidad, a sus sueldos netos se les debe agregar el 25% que se les paga por el título y el valor fijo de antigüedad. Según fuentes del sector, los jueces federales cobran entre $ 100.000 y $ 120.000 en mano por mes, de acuerdo a que sean de primera instancia o de Casación. No obstante, destacan, no todo ese dinero es remunerativo.
En las provincias, la situación es diferente, argumentan muchos jueces que rechazan el pago de Ganancias. "Hay camaristas que con 20 años de antigüedad, ganan menos de $ 40.000 por mes y una quita importante en sus haberes provocaría que abandonen sus cargos", advirtió Rafael Gutiérrez, presidente de Junta Federal de Cortes y del máximo tribunal de Santa Fe.
La Corte Suprema, encabezada por su presidente Ricardo Lorenzetti, convocó a discutir la cuestión a representantes de la Procuración General; de la Defensoría General; del Consejo de la Magistratura; de la Asociación de Magistrados, de la Junta Federal de Cortes; de la Federación Argentina de la Magistratura y de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
FUENTE: EL CRONISTA
Por una legislación reactualizada en 1996 por la Corte, los funcionarios judiciales están exentos del pago de Ganancias y, en ese contexto, los empleados judiciales quedaron asimilados y equiparados con ese beneficio, bajo el argumento de la "intangibilidad de los salarios" del Poder Judicial y la independencia de los magistrados. En la reunión de ayer, por unanimidad, los distintos sectores de la actividad judicial plantearon la necesidad de continuar con el régimen de exención de ese gravamen.
"Tenemos que separar lo jurídico de lo personal. Desde lo jurídico, es imposible apartarse de lo dispuesto por el artículo 110 de la Constitución Nacional", sostuvo una de las partes involucradas en la cita de ayer, que pidió no dar su nombre. En esa línea, consideró que el privilegio se debe mantener, aunque sostuvo que "hay que buscar la manera de darle una explicación a la sociedad de por qué" los jueces deben estar exentos.
El artículo 110 de la Constitución detalla que "los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones". La fuente consultada por El Cronista resaltó incluso que el texto nacional es mucho más contundente que el estadounidense. Y citó, por ejemplo, que en Estados Unidos se cambió el sistema y se incluyó en el pago de impuestos a los jueces ingresantes, manteniéndose al margen a los que ya estaban dentro del sistema. Consideró "muy difícil" trasladar ello a la realidad judicial nacional, ya que generaría disparidades en cargos iguales.
Los salarios de los jueces podrían sufrir un fuerte impacto si se los incluye en Ganancias. En la actualidad, a sus sueldos netos se les debe agregar el 25% que se les paga por el título y el valor fijo de antigüedad. Según fuentes del sector, los jueces federales cobran entre $ 100.000 y $ 120.000 en mano por mes, de acuerdo a que sean de primera instancia o de Casación. No obstante, destacan, no todo ese dinero es remunerativo.
En las provincias, la situación es diferente, argumentan muchos jueces que rechazan el pago de Ganancias. "Hay camaristas que con 20 años de antigüedad, ganan menos de $ 40.000 por mes y una quita importante en sus haberes provocaría que abandonen sus cargos", advirtió Rafael Gutiérrez, presidente de Junta Federal de Cortes y del máximo tribunal de Santa Fe.
La Corte Suprema, encabezada por su presidente Ricardo Lorenzetti, convocó a discutir la cuestión a representantes de la Procuración General; de la Defensoría General; del Consejo de la Magistratura; de la Asociación de Magistrados, de la Junta Federal de Cortes; de la Federación Argentina de la Magistratura y de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
FUENTE: EL CRONISTA
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