Además de postergar por un año la posibilidad de que los estatales pasen
a planta permanente, el reciente decreto de Vidal puso en peligro a los
más de 9000 trabajadores cuyos contratos vencen en los próximos meses.
Días atrás, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal,
firmó el Decreto 618/16, que suspende por el plazo de un año las
designaciones de personal de planta permanente y de la planta
transitoria previstas por la Ley 10.430 (Estatuto y Escalafón para el
Personal de la Administración Pública).
Para los gremios esta medida vino a completar un “combo” de leyes y decretos que apuntan al achicamiento y desguace del Estado provincial, así como a profundizar la precarización laboral de sus trabajadores.
Pero los estatales de ATE señalaron una consecuencia que podría ser aún más grave. Es decir, el decreto de María Eugenia Vidal ya es problemático porque hay cientos de trabajadores que desde hace años están precarizados y lograron en diferentes luchas el inicio de expedientes para su pase a planta.
El decreto a su vez no plantea la excepción de quienes están hoy en planta transitoria y sus designaciones vencen entre julio y diciembre de 2016. Son más de 9000 trabajadores (contando solo los organismos que no han sido exceptuados en el decreto) que llevan años precarizados. Según ATE, la nueva medida los vuelve “mano de obra descartable”.
Fuente: InfogremialesPara los gremios esta medida vino a completar un “combo” de leyes y decretos que apuntan al achicamiento y desguace del Estado provincial, así como a profundizar la precarización laboral de sus trabajadores.
Pero los estatales de ATE señalaron una consecuencia que podría ser aún más grave. Es decir, el decreto de María Eugenia Vidal ya es problemático porque hay cientos de trabajadores que desde hace años están precarizados y lograron en diferentes luchas el inicio de expedientes para su pase a planta.
El decreto a su vez no plantea la excepción de quienes están hoy en planta transitoria y sus designaciones vencen entre julio y diciembre de 2016. Son más de 9000 trabajadores (contando solo los organismos que no han sido exceptuados en el decreto) que llevan años precarizados. Según ATE, la nueva medida los vuelve “mano de obra descartable”.
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