El FPV denunció a la fiscal que facilitó la detención de Sala

Legisladores del Frente para la Victoria (FpV) denunciaron penalmente ayer a la titular de la Fiscalía de Investigaciones de San Salvador de Jujuy, Liliana Fernández Montiel, quien interviene en la causa que tiene hace seis días detenida a la diputada del Parlasur y dirigente social de la Tupac Amaru, Milagro Sala. “Venimos a hacer una denuncia por abuso de poder, discriminación y por faltarle el respeto a nuestros cargos, y sobre todo por no dejarnos cumplir la función como la delegación nacional de funcionarios de todo el país que venimos a preocuparnos de la situación que está sufriendo Milagro Sala”, afirmó a la salida del juzgado federal, la diputada del FpV de Santa Fe, Josefina González. La denuncia fue recibida por el fiscal de feria Federico Zurueta, mientras que el juez Gastón Mercau –quien ordenó la detención que fue denunciada como una persecución política- no se encontraba en su juzgado al momento que los legisladores intentaron entrevistarse con él.  
Además, hoy vence el plazo para que la justicia se expida sobre el pedido de excarcelación planteado el lunes por los abogados de Sala. “Cuenta con fueros otorgados por una ley nacional y por el protocolo de constitución del Parlasur, por lo que consideramos que el gobierno de Jujuy la tiene detenida como presa política”, aseguraron sus letrados. El presidente del Parlasur, Jorge Taiana, informó que se están realizando consultas para convocar en los próximos días a una reunión extraordinaria de la Mesa Directiva del Parlamento de Mercosur para "tratar exclusivamente el tema de la detención de Sala”
En Jujuy.
La delegación del FpV estuvo integrada por González y sus pares de bancada Carolina Gaillard y Marcelo Santillán, el diputado de la provincia de Buenos Aires Miguel Funes,  Marcelo Mansilla y Diego Mansilla quienes se encargaron de presentar la denuncia contra Fernández Montiel. Sobre todo, cuestionaron las medidas que tomó la representante del Ministerio Público en ocasión de la visita a Sala que intentó la comitiva el pasado martes. “Se nos impidió entrar al juzgado para hablar con la fiscal pero sobre todo se nos impidió entrar al edificio, donde hubo un despliegue de efectivos innecesario. Fue una demostración de fuerzas porque no hubo nada que nosotros hiciéramos. Además nosotros llegamos identificándonos y explicando qué es lo que queríamos hacer”, declaró la diputada González. “Denunciamos la discriminación que sufrimos la diputada Gaillard y yo, por parte de la fiscal Fernández Montiel, porque decidió que de una lista que propusimos para entrar, ella eligió a los dos hombres porque, según ella misma dijo, no le gusta hablar con mujeres”, denunció la legisladora del FpV. 
Por su parte, Gaillard también cargó contra Fernández Montiel. “Es la misma fiscal del caso Romina Tejerina y es una funcionaria que ha sido muy cuestionada y aún lo sigue siendo”, aseguró en referencia al caso de la mujer que fue condenada por asesinar a su hijo recién nacido que fue fruto de una violación. La legisladora aclaró: “Venimos a denunciarla por el trato que recibimos como diputados y ciudadanos, al no permitirnos ingresar a un edificio público. Nosotros simplemente queríamos ingresar para conversar y conocer sobre la situación de Milagro Sala, ya que el juez, el día anterior, nos había manifestado que era la fiscal la que tenía que dictaminar acerca de la excarcelación para que el juez resuelva”, concluyó. Finalmente la dirigente de la Tupac fue enviada a una cárcel de mujeres de Alto Comedero por orden de la justicia, sin que se hiciera lugar a los pedidos de habeas corpus que se multiplicaron. 
“Acá en Jujuy no se garantizan los derechos individuales en la detención de la compañera Milagro Sala y el maltrato a autoridades democráticamente elegidas”, alertó Santillán, quien destacó que el fiscal Zurueta recibió a la delegación y escuchó los términos de la denuncia que formularon. Luego, los diputados intentaron ingresar al juzgado de Mercau, pero un cordón policial le impidió el acceso a alguno de ellos. Desde el gobierno provincial ordenaron que un secretario del juzgado les informara que el magistrado no atendería a la delegación y que se dirigieran a la oficina de prensa del Poder Judicial jujeño.  «