El fiscal Federico Delgado dio impulso hoy a una denuncia y pidió investigar al presidente Mauricio Macri y todo su gabinete por la negociación para el pago de la deuda a los fondos buitres y holdouts, ante una posible "defraudación por administración fraudulenta".
Delgado
hizo lugar a la denuncia presentada el lunes en los tribunales de
Comodoro Py por los abogados Horacio Corti, Eduardo Barcesat y Jorge
Cholvis en representación del instituto "Arturo Sampay".
La
denuncia fue presentada por los supuestos delitos de "traición con
sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de
autoridad y violación de deberes de funcionario público".
"Creemos
que hay que abrir una investigación penal", escribió el funcionario
público a cargo de la fiscalía que interviene en todos los eslabones
que se han transformado en causas judiciales derivadas del
endeudamiento externo desde 1976.
El escrito
de pedido para que se inicie la investigación está dirigido al juez
federal Sebastián Casanello, en cuyo juzgado quedó la denuncia
presentada el lunes por Corti, Barcesat y Cholvis. En su pedido,
Dolgado reconoció que la experiencia de la fiscalía es "bastante
frustrante" porque las causas que giran en derredor de la deuda externa
en general "no avanzan", pero consideró que aún con esos límites, la
cuestión de la deuda es un drama ontológico del Estado argentino.
Según
las causas judiciales, desde Martínez de Hoz, el Plan Brady o el
Megacanje, la deuda se toma para encarar el desarrollo económico, pero
luego vira y toma otro camino: financiar la fuga de capitales, escribió
el fiscal.
Y opinó que en medio de ese viraje
"se produjeron siempre graves delitos" por lo que frente a este nuevo
capítulo de la deuda, "la disyuntiva es la misma pero no podemos hacer
nada al respecto". "Hemos sido testigos también de un hábito
crónico: prorrogar la jurisdicción de nuestros tribunales, renunciar a
la inmunidad soberana, recortar en consecuencia las facultades de
nuestro poder judicial e invariablemente ser vapuleados en tribunales
judiciales o administrativos extranjeros", se quejó Delgado.
Entre
los hechos a investigar, el fiscal apuntó determinar si en cierto modo
se estaría premiando la práctica de los acreedores especuladores
(fondos buitres) que habrían ganado diez veces más que lo que
invirtieron, después de que se omitiera las directrices de las Naciones
Unidas sobre reestructuración de deudas plasmadas en la ley 27.707.
La
otra dimensión en la que se avanzará es el caso de los bonistas
italianos, dado que el Gobierno -según la denuncia- ofrece pagos sobre
un reclamo que todavía no tiene decisión firme y cuenta con
antecedentes contrarios al pago, con lo cual también se estaría
perjudicando el erario público.
El último
segmento de esta presentación fue designado como "El Megacanje II" por
los denunciantes: afirman que el Gobierno mediante un DNU del 22 de
diciembre, ha puesto en marcha un megacanje de deuda por un total de
16.099 millones de dólares, que agregará nuevos intereses para el
Estado Nacional".
"Sobre estos hechos se tiene
que desplegar la instrucción. Básicamente porque hay dos lentes con la
que mirar la legalidad de estos hechos aún en curso de ejecución
algunos de ellos y determinar, en última instancia, si se defraudaron
las arcas públicas", escribió el fiscal.
Fuente: El Destape
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