Podría ser gracioso si no se tratara de algo peligroso para el pueblo trabajador. Ayer, en cuestión de horas, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich cometió el patético ridículo de publicar una información por Twitter para después borrarla y bajarle la línea a todos sus funcionarios para que no hablen del tema.
¿Y cuál es el tema? Nada menos que el avance en el proyecto de involucrar a las Fuerzas Armadas argentinas (aún pobladas de secuestradores, torturadores, desaparecedores y asesinos de la dictadura) en asuntos de “seguridad interior”. Más precisamente en el supuesto combate del crimen organizado (narcotráfico, terrorismo, trata de personas, contrabando). Como si no fuesen las mismas instituciones del aparato represivo del Estado las que cuidan, controlan y hasta participan activamente en ese entramado criminal a lo largo y ancho del territorio nacional.
“Nos reunimos con las Fuerzas, @MindefArg y miembros del Estado Mayor Conjunto. Trabajo coordinado para más seguridad”. Así decía el tweet publicado en la cuenta oficial del ministerio de Bullrich. Pero horas después ese mensaje con la foto serían borrados. El bochorno no tardaría en recorrer las redes sociales dejando en off side a la oficina de Prensa del Ministerio.
Poco después el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió un comunicado en el que cuestiona los intentos del gobierno de Macri de involucrar a las Fuerzas Armadas en la “seguridad interior”. Y fundamenta ese cuestionamiento en dos hechos concretos: que está prohibido por las leyes argentinas y que “en los países de América Latina en donde las Fuerzas Armadas juegan un papel en cuestiones de seguridad interior, en general, justificado con la retórica de la ‘lucha contra el narcotráfico’, las consecuencias solo han sido negativas: los problemas de seguridad no se han solucionado y las violaciones a los derechos humanos se han incrementado”.
Son tres las leyes nacionales que prohíben taxativamente el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país. La 23.554, de Defensa Nacional, sancionada en 1988; la 24.059, de Seguridad Interior, de 1991 y la 25.520 de Inteligencia Nacional promulgada en 2001. Tres normas, vale decirlo, que lejos de ser “regalos” de gobiernos radicales y peronistas fueron producto de duras luchas populares contra la represión y la impunidad de esas fuerzas genocidas.
Fuente: La Izquierda
.jpg)
Entradas
.jpg)
