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jueves, 29 de junio de 2017

ESTO ES LA REVOLUCIÓN DE LA ALEGRÍA DE MACRI


El hombre de 92 años se disparó, porque no le alcanzaba su jubilación para vivir. 

El terrible episodio ocurrió pasadas las 10:30 de la mañana de este jueves, enla sede del organismo ubicada en la avenida Independencia al 3100, en la ciudad de Mar del Plata.
Allí, un hombre de unos 90 años se paró en la escalera, arrojó su bastón y gritó: "Este es mi destino". Luego, se disparó en la cabeza ante la mirada de todos los presentes.
El hombre fue rápidamente trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, pero no pudieron salvarle la vida.

sábado, 22 de abril de 2017

DONDE VA LA PLATA DE LOS JUBILADOS? 1220 MILLONES FUERON PARA PAGAR EL SILENCIO A ODEBRETCH

Denuncian a funcionarios de Macri por "pagarle el silencio" a Odebrecht con $1220 millones de los jubilados

Mientras la mayoría de los países de la región se despegan de la empresa insignia de la corrupción del Lava Jato, el diputado del FpV Rodolfo Tailhade denunció que Luis Caputo y Emilio Basavilbaso, entre otros, generaron millonarias pérdidas al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que derivaron en fuertes beneficios económicos para la constructora brasileña.
Mientras países como Perú, Colombia, Ecuador, Panamá o República Dominicana suspendieron las contrataciones a la firma nave insignia del escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, el Gobierno de Mauricio Macri parece haber tomado un camino opuesto, ya que diversos funcionarios de primera línea fueron denunciados por "pagar el silencio" de Odebrecht con $1220 millones de los jubilados

Según la presentación judicial del diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV) Rodolfo Tailhade, los miembros del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino; el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Pedro Lacoste; el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato; el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso; y el exdirector del FGS Luis María Blaquier deben ser investigados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones.

"Se trata de un arreglo del gobierno nacional para pagarle el silencio a Odebrecht", aseguró Tailhade en diálogo con Política Argentina, en referencia a dos operaciones a través de las cuales, según evaluó, el Ejecutivo de Macri habría transferido recursos del FGS -dinero de los jubilados- a la constructora brasileña a través de obra pública y venta de acciones de empresas para garantizar que los involucrados en el caso de corrupción conocido como Lava Jato no salpiquen a funcionarios PRO.

La denuncia refiere a dos hechos que, según el legislador, son "operaciones fraudulentas en perjuicio del FGS de ANSES, que significa robarse la plata de los jubilados en beneficio de Odebrecht".

El primer caso refiere a Córdoba y la forma de financiación que eligieron el gobierno nacional y el de esa provincia para pagarle a la constructora brasileña por los seis sistemas de gasoductos troncales a cargo de la filial argentina de la brasileña Odebrecht mediante el decreto Nº 1250, publicado en el Boletín Oficial.

El Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,125 % con vencimiento en 2026, por 150 millones de dólares, emitidos por la provincia de Córdoba y garantizados con recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.

"El bono forma parte del programa de emisión de títulos de deuda por hasta un valor nominal de 260.000.000 de dólares, creado a través del decreto 250/2016 del gobierno de la provincia de Córdoba, con destino a financiar la ejecución de la obra “Programa Integral de Gasoductos Troncales de la provincia de Córdoba: Sistemas Regionales Oeste, Punilla II, Anillo de Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 y sureste”, cita la denuncia.

Al mismo tiempo, ese Comité aprueó la monetización, es decir la conversión de esos bonos en efectivo, de los títulos de Deuda Pública Garantizados Clase Única EPEC emitidos por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, que integraban la cartera del FGS desde 2011 a partir de la suscripción de un bono también emitido por el gobierno de Córdoba, y que pagaba una tasa anual en dólares del 12,5 %.

"Según informa el acta, el Lic. Blaquier propuso invitar formalmente a las siguientes entidades financieras a fin de que participen de la monetización: Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley y HSBC, en virtud de que “ya han manifestado interés en el activo”, relata el texto judicial.

Según Tailhade, se decidió "vender la tenencia del bono conocido como Pilar (por el nombre de la central eléctrica cuya construcción fue financiada con este instrumento) o bono EPEC, un activo financiero muy preciado en el mercado dado que su rendimiento es de 12.5% en dólares, tasa difícil de conseguir" y, al mismo tiempo, adquirieron "un bono, también de la provincia de Córdoba que tiene un rendimiento del 7.125%".

A través de esa operatoria, según el legislador kirchnerista el Estado perdió 75 millones de dólares de los jubilados, lo cual, al cambio actual, significa 1200 millones de pesos

"A esta administración perjudicial debe agregarse la posibilidad de intereses personales entre los miembros del Comité, en atención a la vinculación de algunos de los funcionarios involucrados con los bancos beneficiados por la operatoria aquí denunciada. A saber, el Sr. Blaquier formó parte del Goldman Sachs, donde trabajó durante 13 años . El Sr. Caputo fue el titular de la sede argentina del Deutsche Bank y trabajó también en la JP Morgan", agregó Tailhade respecto de los supuestos beneficios económicos personales que habrían obtenido algunos de los funcionarios denunciados. 

La otra operación, que sumaría $20 millones más de pérdida en efectivo de los fondos del FGS, es la que refiere a la venta de acciones de la empresa química Solvay Indupa a la firma brasilera Unipar Carboclor, que pertenece a Odebrecht "a través de su controlada Braskem (un gigante del sector químico)".

¿Por qué? Según se explica en la denuncia, "resulta de suma evidencia" que la aprobación en enero de 2017 de "la venta de acciones de Solvay Indupa a un precio de Oferta Pública de Adquisición (OPA) informado en julio de 2016, con todo lo que ello implica en un año de tantos cambios en términos macroeconómicos, resulta desde todo punto de vista inadecuado y por lo tanto irregular. La CNV debería haber tomado la cotización de la acción del último semestre de 2016, y hubiera por tanto tenido que rechazar el precio, porque le promedio arrojada $3,70 por acción".

"El precio promedio de la acción de Indupa desde que volvió a cotizar tras su última interrupción, el 18/7/2016, hasta que ANSeS acepta vender a $3,42 es de $3,72. Como se ve, el precio de venta es $0,30 menor al promedio de cotización entre julio de 2016 y febrero de 2017, lo cual representa una pérdida de más de $20.000.000 para el FGS, dada su tenencia accionaria", asegura la denuncia, señalando que la venta de las acciones argentinas a la firma controlada por Odebrecht implicaron un perjuicio económico para el Estado argentino.
MIRA LA DENUNCIA COMPLETA AQUÍ
FUENTE:http://www.politicargentina.com/notas/201704/20571-escandalo-denuncian-a-funcionarios-de-macri-por-pagarle-el-silencio-a-odebrecht-con-1220-millones-de-los-jubilados.html

sábado, 18 de febrero de 2017

"EL GATO RECULO" Y LAS JUBILACIONES NO SE TOCARAN

El cambio del método de cálculo de la movilidad previsional por medio de una simple resolución fue rechazado por dirigentes de todos los sectores políticos, incluidos los del PRO y sus aliados. Marcos Peña defendió la decisión, pero dijo que el Presidente analizará dejarla sin efecto y en todo caso impulsar una modificación a la ley.
 decisión del Gobierno de reducir los aumentos anuales a las jubilaciones y pensiones a través de una intempestiva modificación en la fórmula de cálculo votada por el Congreso provocó el rechazo de propios y ajenos. A la presión de la oposición, que amenazó llevar a la Justicia la cuestionada resolución de la Anses, se sumó la de las espadas políticas del Gobierno, que le plantearon su desacuerdo al presidente Mauricio Macri y obtuvieron su “compromiso” de dar marcha atrás con la decisión. Ante ese escenario, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que el Presidente revisará la baja de las jubilaciones, pero defendió la medida y dijo que en todo caso habrá que impulsar una modificación a la ley sancionada durante la gestión kirchnerista.
No bien se conoció la medida anoche, mientras la Cámara Baja se disponía a sancionar la reforma al régimen para la ART, los titulares del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri, el macrista Nicolás Massot y Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, se comunicaron con Casa de Gobierno para poner el grito en el cielo. La propia Elisa Carrió advirtió que pediría la renuncia del titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, “o de quien corresponda”.
Esta mañana, durante una entrevista por radio Mitre, Marcos Peña confirmó que el jefe de Estado “se comprometió a revisar” la reglamentación que establece que el primero de los dos aumentos anuales a los trabajadores pasivos será de 12,65 por ciento y no del 12,96, tal como lo establece la Ley de Movilidad Previsional.
Cornelia Schmidt, diputada del PRO, contó que presenció la charla entre Macri y sus legisladores, y aseguró que “el Presidente dijo que se echa marcha atrás con esta resolución de la Anses".
El argumento que dio Basavilbaso fue que esa norma que rige desde 2008 se aplicaba con “una pequeña sobreestimación” que le daba a los jubilados más dinero del que, en su criterio, debieran cobrar. Peña defendió este argumento y, tras anunciar la marcha atrás por las presiones de todos los sectores, sostuvo que esa ley “dice una cosa y la reglamentación otra”, por lo cual concluyó con que “habría que modificar la ley”.
“Ni oportuno ni razonable.” Así calificó a la medida del Poder Ejecutivo el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien no obstante defendió la idea de bajar las jubilaciones. "La decisión es correcta desde el punto de vista técnico", pero fue "una rebaja" que "cayó mal", admitió. "A lo mejor no se analizaron debidamente las consecuencias sociales, la repercusión que el tema iba a tener, y se cometió este error", dijo a radio Delta.
Por su parte, Peña acusó a la oposición de generar una polémica con “chicanas y mala información”, y minimizó el impacto económico de la medida. Dijo que, de aplicarse la nueva fórmula, la reducción sería solo de “24 pesos” en los haberes mínimos.
En la vereda de enfrente, el repudio rebotó por todos los frentes. Y como la noticia se conoció mientras se debatía la reforma de las ART, tanto el kirchnerismo como el massismo pusieron en peligro la continuidad de esa sesión. "Esto es nefasto, nos vamos a abstener en la votación de la ley", amenazó Graciela Camaño, del Frente Renovador, antes de obtener el respaldo de Diego Bossio, del Bloque Justicialista. Finalmente, al oficialismo le alcanzaron los votos para imponerse minutos antes de que los bloques mayoritarios se retiraran del recinto.
Más tarde, Sergio Massa, uno de los habituales aliados de Macri dentro de la oposición, exigió al Presidente “la derogación del decreto” que varía la fórmula para calcular la movilidad jubilatoria. De lo contrario, advirtió, “junto con Margarita Stolbizer vamos a ir a la Justicia".
Para el ex candidato presidencial, el Gobierno que "no entiende que en la Argentina el rol del Estado es distribuir el ingreso". "No pueden pretender cerrar las cuentas públicas sacándole del changuito y los medicamentos a los que más perdieron, que son los jubilados y los beneficiarios de las asignaciones", concluyó.
En tanto, desde el Bloque Justicialista aludieron al escándalo desatado tras la iniciativa del Poder Ejecutivo de condonarle la deuda del Correo al grupo empresario de la familia Macri. “No podemos permitir que a las cuotas de Franco Macri las financien nuestros jubilados”, advirtieron.
A través de un comunicado, Bossio y Oscar Romero declararon su “contundente rechazo” a la resolución de la Anses que, recordaron, “no solamente afecta a jubilados sino que también perjudica a trabajadores y jóvenes que estudian con el apoyo de Progresar, a beneficiarios de la Asignación Universal y otros programas".
La reducción a las jubilaciones fue propuesta por el titular de la Anses y avalada por Mauricio Macri durante un encuentro en el que Basavilbaso le presentó la iniciativa. “Esta tarde mantuvimos una reunión con el Presidente para el seguimiento de la gestión de la Anses”, publicó ayer el funcionario en su cuenta de Twitter.
Tal como lo explicó Página/12 en su edición de hoy, el cambio reduce los incrementos anuales de marzo y septiembre. De aplicarlo, el primero elevará los haberes de 5661 a 6377 pesos, en vez de llevarlo a 6394, de acuerdo con el cálculo vigentes.
La diferencia exacta deberá entregarla el organismo que conduce Basavilbaso, quien justificó el recorte en los incrementos de la seguridad social por la necesidad de hacer más sustentable el sistema jubilatorio. La forma de lograrlo, al parecer, es achicando los aumentos para los beneficiarios. El recorte opera sobre más de 8,5 millones de personas que reciben pagos ajustados por la fórmula que ahora se reinterpreta. 

martes, 23 de febrero de 2016

Ahora la cuota del PROCREAR será del 50% del sueldo

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El director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, adelantó que la idea de la nueva versión del Procrear, cuando aparezca, será más cara por la disminución de los subsidios y llegará a más del 50% de los ingresos de las familias. Para acceder se deberá contar con entre el 20% y el 30% del valor de la vivienda.
Basavilbaso dijo que la propuesta del Presidente es la de "reemplazar la cuota de un alquiler por una cuota hipotecaria". "Se puede, porque hicimos números para una familia de ingresos de $ 15.000 a $ 20.000, que pagando una cuota de $ 8.000, podría tener un crédito hipotecario de $ 500.000, para llegar, con un ahorro previo del 20% al 30%" a un inmueble.
Sin embargo, la cuota hipotecaria superará ampliamente a la del alquiler. Por ley esta última puede ocupar hasta el 30% del sueldo, pero en el ejemplo del titular de la Anses los $ 8.000 corresponden al 50% del ingreso de un hogar que gana $ 15.000.
En declaraciones a radio La Red, Basavilbaso señaló que el programa diseñado durante el kirchnerismo "tuvo un buen inicio" pero tiene "muchas cosas para mejorar. Estamos analizando cómo hacer para masificarlo, teniendo en cuenta que en la Argentina tenemos un déficit habitacional de 25%".
Al respecto, mencionó dos aspectos, uno vinculado a los subsidios que se otorgan, y otro a los canales de acceso. "Hay muchos subsidios para pocas familias, muy altos, para pocas familias. Queremos dar menos subsidios para más familias, para poder llegar a muchas más. Se dieron en tres años 150.000 créditos Procrear, queremos multiplicar ese número y para llegar a muchas más familias, obviamente, lamentablemente, hay que bajar un poco el subsidio pero siempre poniendo más dinero del que se venía poniendo hasta ahora", afirmó.
Además, se buscará "que participe la banca privada, porque hoy en la Argentina el acceso al crédito hipotecario es nulo, y si es sólo desde el Estado, vamos a estar siempre corriendo de atrás". No obstante, negó que se busque así privatizar el programa: "Los fondos siempre terminan saliendo del Estado y sumar bancos a la red no es privatizarlo, sino apalancar el programa y que tenga más masividad".
Cuando se le mencionó que esos $ 500.000 equivalen a unos U$S 30.000 a U$S 32.000, sostuvo que con ese monto, más ahorros previos o la "venta de un auto", se encuentran departamentos "en Soldati, Lugano, la zona sur" de la Capital.
El Programa de Crédito Argentino (Procrear) fue lanzado por Cristina Kirchner el 12 de junio de 2012 con el objetivo de facilitar el acceso a la casa propia.