Cuatro horas de reunión en las oficinas del tercer piso del Congreso dieron como resultado una fuerte embestida del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, que anunció que evalúa iniciar acciones penales contra el presidente Mauricio Macri por los nombramientos de dos jueces de la Corte.
En una conferencia de prensa en la que se buscó dar una señal de unidad del peronismo frente al decreto para cubrir vacantes en el Máximo Tribunal, el jefe del bloque, Héctor Recalde, informó también que analizan la posibilidad de autoconvocar a sesiones extraordinarias para poner en tratamiento los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Según pudo saber parlamentario.com, en la batería de acciones que estudia el kirchnerismo por estas horas también figura la de presentar un pedido de juicio político contra el presidente que asumió hace menos de una semana, debido a la “inconstitucionalidad” de las designaciones de los cortesanos en comisión.
“Quien gana con el voto popular debe respetar los preceptos constitucionales”, arrancó Recalde, al manifestar que el FpV “se había comprometido a no poner palos en la rueda”, pero calificó el decreto 83/2015 como “grosero” y “violatorio” de la Carta Magna. Por eso, el titular de la bancada kirchnerista anunció que analizarán “las responsabilidades penales, civiles y patrimoniales” de Macri y también de los dos jueces propuestos, “por haber aceptado el procedimiento”. Asimismo, informó que convocarán al resto de los bloques que no acuerden con esa medida para intentar consensuar medidas concretas.
“No se puede gobernar por decreto. Se han invadido competencias de este Congreso”, se quejó el abogado laboralista, al advertir que “no hay ninguna razón para la urgencia” en las designaciones. Además, recordó que el Poder Ejecutivo saliente elevó al Senado los pliegos de sus candidatos –Roberto Carlés primero, y Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse después–, aunque no pasaron ese filtro. En el mismo sentido, el exgobernador sanjuanino José Luis Gioja, vicepresidente primero de la Cámara baja, denunció que “con un solo decreto se nombró el 45 % del Poder Judicial”.
El kirchnerismo investiga si existe la posibilidad jurídica de que el Congreso autoconvoque a sesiones extraordinarias –algo que nunca se hizo–, y presionará para que se constituya la Comisión Bicameral que debe validar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), cuya presidencia buscará retener. El artículo 63 de la Constitución Nacional establece que “ambas Cámaras (…) pueden ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones”. Y, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, figura la de “prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso, o convocarlo a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera”.
La reunión del bloque, de la que participaron alrededor de 80 diputados, sirvió además para mantener a la tropa unida ante las diferencias que separan a peronistas, cristinistas puros y camporistas. “Se discutió la unidad del Movimiento Nacional Justicialista”, comentó Recalde, y agregó que “no hubo voces discordantes” con respecto a lo que consideró “la defensa de la Constitución y la ley”.
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