El Consejo de la Magistratura está en
la mira del juez Canicoba Corral y del fiscal Ramiro González, que
recibieron una denuncia por administración fraudulenta. En esta nota,
todos los detalles
Una escandalosa situación vuelve a poner bajo la mira al Consejo de la Magistratura por presunta administración fraudulenta con fondos públicos en la adjudicación de obras para el Poder Judicial que están paralizadas y sobre las cuales se desembolsaron millones de pesos.
La investigación, que está en manos del juez federal
Rodolfo Canicoba Corral y del
fiscal Ramiro González, es por una denuncia que hizo el abogado
Ricardo Monner Sans en
base a información anónima, pero con aportes concretos sobre obras y
nombres de personas involucradas. No es la primera sospecha en ese
sentido, ya que hubo otras denuncias sobre irregularidades en el
manejo de fondos del Estado destinados a obras públicas y por las que está bajo sospecha la Dirección de Infraestructura del Consejo así como su anterior administrador,
Germán Krieger.
De hecho, Canicoba Corral ya tuvo bajo la lupa la construcción de un "
edificio inteligente" sobre la calle
Uruguay 772 y que está frenado hace años, mientras que su par
Daniel Rafecas investigó el alquiler de lugares por los que se pagaron millones de pesos y nunca se utilizaron.
En esta nueva causa, el fiscal González pidió investigar a Krieger; al abogado
Luis Alberto Devoto, quien fuera titular de
la Dirección General de Administración y Financiera de la Administración General; al contador
Diego Martino de la Comisión de Preadjudicaciones; al ex subdirector del área de Infraestructura
Hugo Cayetano Lazzarini; al ex subdirector adjunto
Carlos Jorge Susini Burmester; y al ex prosecretario letrado de la Secretaría General del
Consejo Gabriel Saliva.
Krieger
es un hombre que fue desplazado como administrador tras una avanzada
del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura y a quien todos
sindicaban como hombre de confianza del presidente de la Corte,
Ricardo Lorenzetti, a través de su contador y secretario general administrativo del máximo Tribunal,
Héctor Marchi.
El
26 de enero pasado, Monner Sans presentó una denuncia sobre
administración irregular de fondos públicos para la realización de obras
para el Poder Judicial y aseguró que hubo "
prácticas corruptas".
Según
información recibida por el abogado y que aportó en la Justicia, el
expediente 60/14 surgió a partir de la presentación de técnicos de la
Dirección General de Infraestructura Judicial (DGIJ) ante Krieger.
En
ese informe se hace referencia presiones a las que se habría sometido a
profesionales para firmar certificados de obras que en verdad estaban
paralizadas y también que se habrían desatendido advertencias sobre
incumplimientos y demoras en los contratos de obra pública.
Una de las obras bajo la lupa es la del
Centro Judicial de la Ciudad de Resistencia, en Chaco, otorgada a una empresa que no reuniría antecedentes necesarios para llevarla a cabo: sólo tiene un avance del
30 por ciento pero ya se pagó por el 60 por ciento del total.
La denuncia también hace referencia al expediente 1025191/15 por el cual se informa a
Juan Cubría, hijo de la jueza federal y actual administrador del
Consejo de la Magistratura, sobre el estado de las obras para el Poder Judicial.
Al respecto, según cita la denuncia, se informó que cuatro obras están paralizadas y otras cuatro tienen demoras significativas.
Para González, "se deberá determinar la
posible comisión del delito de administración fraudulenta, peculado y/o malversación de caudales públicos en el que habrían incurrido las personas".
El fiscal pidió varias medidas de prueba, entre ellas la citación a
testimonial a varios arquitectos, auditores y que se requiera documentación al Consejo de la Magistratura.
Por: Sergio Farella / NA.
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