El año pasado, en un programa de televisión, Alvarenga cuestionó con dureza al ministro de Seguridad, con quien supuestamente trabaja. Purgas arbitrarias y móviles "nuevos" pero usados.
El policía retirado que está desaparecido desde hace tres días, Oscar Alvarenga, criticó recientemente con dureza la gestión del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo.
“No nos quiere escuchar”, se quejó en marzo del año pasado durante una participación en el programa “Demasiado humo”, de la señal QM Noticias, y opinó que la gestión del gobierno de Cambiemos va “para atrás” en materia de seguridad. Además, denunció que, en un acto que encabezó en La Plata, el ministro presentó como nuevos móviles de 2014 y 2015 y que en el marco de las "purgas" que llevó adelante la administración Cambiemos echaron de la fuerza a agentes "heridos de bala" sin chequear sus condiciones de salud.
Indignante: un policía le pegó por filmar un procedimiento en la ruta, pero se olvidó de borrar el video y ahora es viral
En las últimas horas empezó a circular en las redes sociales el video de un sujeto golpeado por filmar un procedimiento policial en la ruta.
No está claro dónde ocurrió la escena. En las redes sociales se habla de Córdoba, pero una fuente consultada por EL FEDERAL indicó que habría sido en Santiago del Estero, cerca de la ciudad de Frías.
Lejos de lo que afirma el policía, existe un derecho constitucional a filmar toda actuación policial. Filmar es un derecho a controlar ciudadanamente el desempeño de un funcionario público. Todo acto policial es un acto público de gobierno, que debe ser transparente y puede ser controlado. Sacar una fotografía y/o filmar son derechos propios de la libertad de expresión que reconocen y protegen la Constitución y los tratados de derechos humanos.
La Policía no puede sacar, tapar y/o censurar los celulares de las personas que graban su actuar. Tampoco puede ordenar que las personas dejen de filmar. Esos funcionarios realizan un acto de censura de un derecho constitucional.
Las fuerzas de seguridad que censuran una filmación cometen un acto ilegal e incumplen sus funciones. Filmar el actuar policial es parte del derecho de todos los habitantes a que los funcionarios de seguridad se presenten con sus debidas identificaciones, explicando las razones por las cuales están realizando el operativo y con el debido acompañamiento de los funcionarios judiciales o del Ministerio Público que hayan ordenado el procedimiento.
IMÁGENES DEL DÍA DE AYER EN EL MOMENTO EN QUE LOS CAMIONES RETIRABAN CAMAS, SILLAS, MESAS, COLCHONES, ETC. DENUNCIADAS POR EL INTENDENTE DE LA CIUDAD D TAFI VIEJO
“Es un escándalo; están haciendo lo mismo que hace dos años nos acusaban sin pruebas”, lanzó jefe municipal de Tafí Viejo, Javier Noguera.
Operarios trasladaban mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en varios camiones; uno de ellos tenía el logo de la Municipalidad de la Capital. twitter / @javier_noguera
“Queremos saber qué hacían esos camiones ahí. Sería bueno que Alfaro diga qué hacían camiones fuera de su jurisdicción. Están preparando la prebenda electoralya que su mujer es candidata(Beatriz Ávila) Miren quién hace las cosas”, rezongó el intendente taficeño.
Alfaro respondió que no tenía conocimiento sobre la denuncia de Noguera. Siempre según el jefe municipal de Tafí Viejo, cuando policías acudieron para saber qué sucedía, recibieron dos versiones. Por un lado, que eran funcionarios que traían la mercadería desde Buenos Aires. Luego explicaron que se trataba de insumos que provenían de los galpones que la cartera nacional tiene en Tafí Viejo. “Por lo que pude saber, exhibieron actas de porte que parecerían adulteradas, porque tenían fecha de julio de 2016, lo que hace suponer que se trataría de una truchada o de un error de tipeo.
Mario Carrizo funcionario del gobierno municipal sostuvo que hace años que tratan de gestionar bienes de todo tipo en Desarrollo Social de la Nación para beneficio de los vecinos, y no les dieron ni una amoladora. ¿Es una casualidad que esto aparezca ahora? ¿Por qué después salieron todos corriendo y dieron explicaciones ambiguas? Esto no es un hecho aislado, porque se difundió un audio donde una funcionaria aprieta a un dirigente, lo extorsiona, para que trabaje para ellos”, prosiguió el intendente Noguera.
Los docentes denuncian que están siendo filmados y escuchados por el gobierno nacional por orden de Macri
Atravez de las redes sociales circularon deiferentes publicaciones de docentes que denuncian y suben imagenes donde se puede ver que el gobierno de una manera intimidante y sin ningun reparo los filma y escucha atravez de equipos instalados en un movil que descaradamente se instalo frente a la Escuela Itinerante; un acto más de provocación a los docentes que vienen exigiendo simplemente que se cumpla con la ley y se los convoque a paritarias.
Si se puede!! Si se puede!!Si se puede
SIN COBERTURA EN LOS CANALES Y JUSTIFICANDO EN LOS DIARIOS EL BLINDAJE ES VERGONZOSO
Luego de la paupérrima cobertura de anoche de los canales informativos de la represión a los docentes que intentaban instalar una carpa itinerante en el Congreso, hoy los diarios salieron a justificar los gases y los palos a maestros. El único que cubrió en vivo lo que sucedía fue C5N, mientras el periodismo oficialista intentó ocultarlo.
Para Clarín fue se trató de un “choque”, entre “manifestantes y la policía”. Pero además afirma que “Baradel quería su propia carpa blanco y lo sacó la policía”. En tiempo de Macri la represión y los gases se llama “sacar”. Realmente fue vergonzosa la actitud del multimedio sin cobertura de sus canales y luego saliendo a justificar y minimizar la represión contra maestros de escuela.
En la misma linea para La Nazión la situación fue mucho más sencilla: “impiden otra ‘carpa blanca’”.
Pese a que tenía permiso de la Ciudad, el relato oficial trató de justificar el violento accionar represivo a los maestros porque no tenían permiso. Sin embargo, los gremios y trabajadores de la educación sí habían cursado un pedido que fue autorizado.
Un policía uniformado que eligió no dar su identidad ante la cámara, responde en redes sociales con un escalofriante mensaje contra la lucha docente.
Esta imagen la publicaron en los comentarios de una nota de LaIzquierdaDiario, en la que una docente explica cómo es trabajar en las aulas en respuesta a las provocaciones de la gobernadora Vidal que pidió que se baje el "ausentismo" ofreciendo el mismo 19% en cuotas en las paritarias.
A menos de una semana del 24 de Marzo, este uniformado de la Policia Federal levanta una consigna que contiene un mensaje fuertemente represivo y misógino al referirse a las maestras. Repudiemos fuertemente este echo! Viva la lucha docente!
Un policía uniformado que eligió no dar su identidad ante la cámara, responde en redes sociales con un escalofriante mensaje contra la lucha docente. Esta imagen la publicaron en los comentarios de una nota de LaIzquierdaDiario, en la que una docente explica cómo es trabajar en las aulas en respuesta a las provocaciones de la gobernadora Vidal que pidió que se baje el "ausentismo" ofreciendo el mismo 19% en cuotas en las paritarias.
A menos de una semana del 24 de Marzo, este uniformado de la Policia Federal levanta una consigna que contiene un mensaje fuertemente represivo y misógino al referirse a las maestras. Repudiemos fuertemente este echo! Viva la lucha docente!
Sucedió el martes en escuelas de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
En el marco del paro provincial, la Red de Directores de La Matanza, denunció en un comunicado público la presencia de Policía Bonaerense y Local en las escuelas “exigiendo información acerca de las medidas de fuerza que la docencia está realizando”. Agregaron a su vez que tienen por objetivo “amedrentar con acciones fuera de su responsabilidad y de la ley”. Y culmina con la exigencia “del cese inmediato de prácticas propias de la dictadura”.
Desde Suteba La Matanza también se pronunciaron sobre los preocupantes hechos sucedidos el día de hoy: “Dos acciones nuevas ha sumado el gobierno provincial para intimidar y amedrentar a la docencia en lucha. Desde ayer inspectores del Ministerio de Trabajo recorren escuelas para constatar el porcentaje de adhesión a la huelga de los docentes. Nunca esos inspectores recorren las escuelas ante las denuncias por riesgo edilicio, agua contaminada o pozos desbordados. Hoy, efectivos de la Policía Bonaerense y local se apersonaron en varias escuelas del distrito, consultando a los directivos "el motivo de la falta de actividades", y preguntando porcentajes y listados de adherentes. En ningún caso fueron entregados, pero estamos frente a dos evidentes caso amedrentamiento sobre la docencia en lucha. Efectuaremos las denuncias correspondientes ante las autoridades, y exigimos al Gobierno provincial y nacional el inmediato cese de estas prácticas”.
Nathalia González Seligra, secretaria de derechos humanos, se refirió al respecto. Aseguró que “Vidal y la intendenta Magario son responsables de estas nefastas prácticas, ya que es la policía bonaerense y la local, la que recorre las escuelas pidiendo información sobre el paro docente a los equipos directivos. Repudiamos enérgicamente estas prácticas. Intentaron con los voluntarios, la conciliación obligatoria y las amenazas de descuentos, debilitar nuestra lucha. Sin embargo, los docentes les respondimos con paros contundentes, y movilizaciones con la comunidad educativa en todas las localidades de La Matanza. No vamos a permitir que la Policía Bonaerense ingrese a las escuelas, y menos aún que obtengan ilegalmente información sobre los docentes que hacemos uso de nuestro legítimo derecho a huelga. Llamamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales y políticas, y a las familias y estudiantes a rodear de solidaridad nuestra lucha que también es por ellos, y repudiar estos preocupantes hechos”.
El hombre, aerosol en mano, está concentrado haciendo una pintada callejera sobre un muro. Reclama por una presa política. Sus compañeros, más jóvenes, hacen de campana. De golpe, sin advertirlo, se ve rodeado por cuatro hombres de civil, armados, que lo suben a la fuerza a un auto blanco sin patente. Lo golpean fuertemente y lo insultan. Por peronista, le dicen. Lo llevan hasta la comisaría de ese pueblo cordobés. Lo encierran esposado y lo mantienen incomunicado en una celda de aislamiento, sin alimentos. Lo interrogan durante más de diez horas. El hombre teme lo peor. Siente que la muerte lo rodea. Ya había recibido amenazas telefónicas. Los servicios de inteligencia de la ciudad conocen todos los detalles de su vida. Al día siguiente lo liberan sin devolverle su auto. Antes, le arman una causa penal.
Para ser un hecho violento ocurrido en plena dictadura videlista, el relato resulta tan tristemente verosímil que estremece. Pero no. Lo narrado no pertenece a aquellos años de plomo sino a algunas semanas atrás, apenas. Le ocurrió en La Calera a Cecilio Salguero, jubilado de 72 años y militante en derechos humanos, quien sí estuvo detenido-desaparecido en el campo clandestino La Perla, cuando su vida dependía de la voluntad del genocida Menéndez. El miedo y el recuerdo de la picana en su cuerpo nunca se le fue. Salguero, quien pintaba a favor de la libertad de Milagro Sala, radicó la denuncia en la justicia provincial ante la fiscal y dos jueces federales. También se presentó ante el Ministerio de Justicia cordobés. Hasta ahora no tuvo ninguna novedad.
Este grave episodio debería alertarnos a todos, como sociedad. Ni siquiera trascendió en los grandes medios, en la televisión, en las radios. La ministra Bullrich debería estar al tanto, llamando a una conferencia de prensa para denunciar el hecho, ponerse del lado de la víctima y exigir justicia. Bien. Nada de eso ocurrió.
Enrique Gibert dijo que los magistrados no pueden ser amedentrados ni tampoco sentir miedo. El Gobierno pidió su juicio político por permitir el aumento a los bancarios.
El integrante de la sala de feria de la Cámara Nacional Enrique Gibert cuestionó por Radio 10 al gobierno nacional por iniciar un juicio político en su contra por firmar una medida cautelar que permitió el aumento de la paritaria bancaria.
"Si se sanciona a las personas por opinar dentro del área de su competencia existe una policía del pensamiento", afirmó Gilbert en una entrevista en Mañanas Sylvestres.
"Soy juez desde 1989, tengo bastante años en esto y nunca recibí este tipo de respuesta. Fallé con decisiones que no le gustaron a Menem, que no le gustaron a De la Rúa, a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, pero nunca recibí esta respuesta", sostuvo.
Gilbert había ratificado, junto a la jueza Graciela Marino, la paritaria que acordaron los trabajadores bancarios con los empresario y que el Gobierno había cancelado.
El lunes, el Ministerio de Trabajo pidió el juicio político de Gilbert y Marino por "mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución nacional”.
Escándalo en Salta: Urtubey echó al policía que le quitó el auto a su hijo
Según reveló Radio Salta, el Gobernador salteño Juan Manuel Urtubey echó a un policía de tránsito por quitarle el auto a su hijo Lucas de 19 años, quien se habría negado a un control de alcoholemia ya que estaría en alto estado de ebriedad. El hecho ocurrió el jueves pasado (22/12) a la madrugada, en un control de rutina de Tránsito municipal sobre la ruta 28, que lleva a la localidad de San Lorenzo.
Gran revuelo en Salta por la reacción del gobernador Juan Manuel Urtubey al enterarse de que un policía de tránsito le había quitado el auto a su hijo Lucas de 19 años por manejar presuntamente en estado de ebriedad.
Según informó Radio Salta, el hijo del gobernador se negó a realizar un test de control de alcoholemia en aquella provincia y le retuvieron el auto. El joven es el segundo hijo de Juan Manuel Urtubey.
El hecho ocurrió el jueves pasado (22/12) a la madrugada, en un control de rutina de Tránsito municipal sobre la ruta 28, que lleva a la localidad de San Lorenzo. Quien confirmó el hecho fue el director general de Tránsito, Miguel Sosa: "La ley dice que la negativa hace a la presunción de culpabilidad”, explicó el agente y aclaró que se derivaron las actuaciones al Tribunal de Faltas.
El fin de semana Urtubey disfrutó de unas vacaciones en Punta del Este junto a su esposa, Isabel Macedo y su suegra, María Obarrio. Pasaron las fiestas en las costas uruguayas y ya retomó la agenda de trabajo.
Viajó a Tucumán para pasar la Nochebuena con su hermano, Miguel Reyes Pérez, de 24 años, separado, con una hija pequeña. El sábado 24, la familia paseaba por el centro comercial del barrio San Cayetano. Eran más o menos las cuatro de la tarde. Media cuadra antes de llegar a la plaza principal, en la calle López al 900, al costado de las vías, Miguel vio a un policía y salió corriendo.
Tres semanas antes, ese mismo agente, al que conocen como “Rambito” junto a otro, al que llaman “Figueroa”, lo habían querido detener. Miguel zafó pero el policía le advirtó: “Ahora andá pero en dónde te pille, te dejo en el cajón”.
En las semanas que siguientes “Rambito” y “Figueroa” “llamaron a la casa de los padres de Miguel pidiéndoles dinero a cambio de no “empapelar” a su hijo”, contó a Cosecha Roja una vecina de Doña Ana, la mamá de Miguel.
El policía lo corrió, lo alcanzó, lo tiró al piso y le pegó un tiro en la cabeza con su Itaka. Miguel no murió en el acto. La familia y otras personas que estaban allí lo rodearon y pelearon con la policía que luego disparó tiros al aire. Finalmente, lo pudieron sacar de allí. Ahora Miguel está en coma, internado en el Sanatorio Integral Luz Médica. Antes, mientras estaba sin conocimiento, la policía le hizo pruebas de parafina para ver si Miguel había disparado un arma. El test salió negativo.
“La realidad es que hay que dar a conocer esto porque nadie tiene derecho a fusilarte. Esto que pasó es terrible”, dijo a Cosecha Roja Carolina Hermoso, una amiga de la familia.
La policía no quiso tomar la denuncia en la comisaría por lo que la familia se presentó esta mañana en la Fiscalía de San Miguel de Tucumán.
Ocurrió porque diputados y dirigentes políticos, que habían presentado una lista 48 horas antes avisando quiénes ingresarían, trataron de entrar al recinto donde se realizaría la última audiencia del juicio a la líder de la Tupac Amaru y las autoridades junto a la policía impidieron su ingreso de forma violenta. Brutal represión a la diputada Mayra Mendoza. Hoy fue ella. Mañana podes ser vos. Con la llegada de Macri al gobierno la violencia institucional se reinstaló en todo el país. Hay que ponerle un freno. En las fotos vemos a la policía de Jujuy con métodos de la dictadura. La responsabilidad política es de Macri y Morales. La última jornada del debate por el juicio a Milagro Sala en Jujuy comenzó con un escándalo cuando la policía reprimió a diputados, legisladores porteños y bonaerense, y diversos dirigentes políticos que intentaron ingresar al recinto.
Martín Rodríguez, titular del Concejo Deliberante de Hurlingham fue detenido y se desconoce su paradero, mientras que la diputada nacional por el FpV Mayra Mendoza fue agredida por la policía jujeña, tomada del cuello y empujada hacia el piso por agentes de las fuerzas de seguridad locales.
“Quieren disciplinar por el miedo. Vamos a luchar para que en esta provincia vuelva a haber estado de derecho”, expresó la legisladora tras los incidentes que tomaron la cámaras de televisión y fotógrafos.
Los dirigentes que sufrieron las agresiones por parte de las fuerzas de seguridad provinciales que conduce el gobernador Gerardo Morales habían presentado una lista de quiénes iban a ingresar a la última jornada del juicio 48 horas antes, por lo cual la decisión de no permitir el ingreso y la reacción de las fuerzas policiales aún no se comprende.
“Violenta represión del gobierno de Morales a los diputados y organismos de DDHH que queríamos ingresar al #JuicioTrucho a Milagro Sala”, escribió el legislador porteño José Campagnoli en su cuenta de Twitter.
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