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lunes, 2 de mayo de 2016

El "grupo Clarín" ejerce "Acción Psicologica" en la población argentina para generar odio contra el Kirchnerismo



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Las recientes escenas de agresión verbal contra Carlos Zannini tienen dos niveles de materialización que se imbrican uno con otro: el primero se refiere a los hechos mismos, y el segundo consiste en su constitución como contenidos del discurso presuntamente periodístico. En este último aspecto, del cual se ocupará la presente nota, el vector principal lo ejerce el Grupo Clarín, especialmente en su canal de noticias TN y en Canal Trece, desde los cuales –vía su posición dominante en el mercado de medios audiovisuales– el mensaje se expande a toda la sociedad.
El adjetivo “presuntamente” se usa en el párrafo anterior para advertir que bajo las apariencias, las formas, los recursos narrativos y la gramática del periodismo (en formato audiovisual, para el caso de la televisión) se encubre un minucioso trabajo de acción psicológica sobre la opinión pública destinado a generar, mediante actos de violencia simbólica –aquella que se produce mediante símbolos tales como palabras, tonos de voz, imágenes, gestos, etcétera–, un sentimiento de odio contra el kirchnerismo capaz de extenderse ampliamente en distintas zonas del cuerpo social.
Como se sabe, Zannini –secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y además candidato a vicepresidente en el binomio que encabezó Daniel Scioli– fue insultado, agraviado y humillado a los gritos por distintos grupos de personas, y estuvo muy cerca de ser atacado físicamente (lo cual hubiera ocurrido inevitablemente si él no hubiera mantenido una estoica calma y en cambio reaccionaba para defenderse), en dos ocasiones durante la semana que termina: primero, mientras presenciaba el domingo 24 en la cancha de Boca el clásico futbolístico de ese equipo ante River, y luego el lunes 25, cuando emprendía vuelo a Estados Unidos en un avión de la empresa American Airlines.
Pasando por alto la inmundicia moral e ideológica de los agresores, lo que convirtió ambas situaciones en un asunto público de fortísima trascendencia política fueron las imágenes captadas mediante dispositivos móviles por otras personas –que presenciaron los hechos o que participaron en ellos–, y esparcidas al infinito a través de las redes de Internet y de los medios de comunicación. Y aquí es donde, de forma subrepticia, el Grupo Clarín encabeza nuevos episodios de violencia simbólica contra el kirchnerismo.
La operación semántica, es decir, destinada a producir cierta significación –y en estos casos con potente efecto performativo en la sociedad–, es parte de una estrategia permanente y que en la actualidad se ejecuta primordialmente con el continuo machacar sobre lo que el propio conglomerado mediático llama “La ruta del dinero K”: un tema que el propio Grupo instaló en la agenda pública en los últimos años y que luego derivó en investigaciones judiciales, y para el cual utiliza esa denominación con deliberada carga de injuria y difamación hacia el espacio político que ejerció el gobierno de la nación hasta diciembre pasado.
Acerca de este último asunto, los medios televisivos de Clarín trabajan una afinada puesta en escena audiovisual que incluye el uso de diversas técnicas para “emotivizar” el mensaje: una impecable edición de imágenes, narración oral de los periodistas y testimonios tomados a personas que “denuncian” al kirchnerismo, todo ello dramatizado con una musicalización acorde para darle tonos de gravedad y sensacionalismo, configurando un conjunto significante que apunta a penetrar en las zonas más profundas e inconscientes de la subjetividad de los televidentes.
Pero, volviendo a las agresiones contra Zannini, la operación semántica –siempre bajo la apariencia de información– puede analizarse en tres conjuntos significantes que se refuerzan uno con otro:
1) La difusión de los videos respectivos –un registro audovisual común, captado mediante un dispositivo celular el alcance de cualquier usuario, referidos tanto al episodio en el avión como al ocurrido en la cancha de Boca–, repetidos una vez, y otra, y otra, y otras más, alcanzó una cantidad de minutos que probablemente sumaron horas, si se contaran diferentes días, unicamente en TN (para limitar la observación sólo a ese medio).
2) Los comentarios de los periodistas de ese canal o del Trece predican sobre la “indignación” de los plateístas de Boca o de los pasajeros del avión –a quienes nombran como ”la gente”–, y luego generalmente exhiben una hipócrita conciencia moral de cara a los televidentes condenando “todo tipo de escraches” o de “violencia”, para finalmente discurrir en peroratas sobre la consabida “grieta” heredada de “los K”.
3) El sentido de esa valoración es exactamente opuesto al que los medios del Grupo construyen si el afectado es algún adversario al kircherismo, en cuyo caso acusan a ese sector político como generador del hecho y como “intolerante”. Así lo hicieron, por ejemplo, a partir de una anécdota nimia que la corporación mediática convirtió en un asunto de gravedad política, cuando una vez le pidieron a Nelson Castro que se retirara de un bar porque allí lo consideraban “persona no grata”, según su relato. (El siguiente link remite a cómo ese episodio menor fue transformado en “noticia política” de contenido antikirchnerista).

Otros casos de instigación a la violencia

Fuera de los hechos que en estos días involucraron a Zannini, los intentos por generar odio social contra dirigentes y militantes kirchneristas tienen múltiples antecedentes. Uno de los más graves fue contra el entonces director ejecutivo de la AFIP, Ricardo Echegaray, en ocasión de un viaje familiar que este realizó en el Año Nuevo de 2014 a Río de Janeiro.
Esa vez, el Grupo Clarín perpetró un operativo televisivo de inducción a la violencia, con propósito de provocar que hubiera personas hostiles a Echegaray esperándolo en el aeropuerto de Ezeiza, cuando bajara del avión que lo traía de regreso desde la ciudad brasileña. La tremenda maniobra incluyó una trasmisión en continuado por TN del recorrido de la aeronave, registrado mediante seguimiento satelital, con el anuncio explícito y reiterado de la hora prevista de llegada a la estación aérea. Esa vez, el propósito de que el titular de la AFIP fuera atacado por “la gente” no tuvo éxito.
(El archivo digital en el portal de TN no permite acceder al material respectivo. En cambio, el caso formó parte de informes del programa “678”. En uno de ellos, emitido el 6 de enero de 2014, el tema general se aborda desde el minuto 40, y la maniobra urdida para la llegada de Echegray al aeropuerto, después del minuto 48).
Un tercer ejemplo similar, pero esta vez con explícita instigación a la violencia pública, fue perpetrado por Jorge Lanata desde otro de los medios del Grupo Clarín, Radio Mitre, y tuvo como víctimas a los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Ocurrió en junio de 2014, cuando dichos miembros del Poder Judicial intervenían en una causa contra el entonces vicepresidente Amado Boudou.
El conocido periodista y animador de radio y televisión, contratado por Clarín luego de que Cristina Fernández ganara su reelección en 2011 y convertido desde entonces en el más masivo agitador de propaganda político-ideológica sobre la población, llamó esa vez a insultar a los mencionados jueces en los lugares públicos donde fueran encontrados, y a que sus hijos sean hostigados en sus colegios.
Días después, y con toda probabilidad asesorado por el ejército de abogados de la corporación mediática, Lanata se cubrió de eventuales juicios leyendo en su programa televisivo un texto sobre el caso, en el cual mentía sobre lo que él mismo había dicho. Un registro audiovisual al respecto puede verse en la emisión de “678” del 2 de junio de 2014.

Una cadena nacional privada las 24 horas

Todo este cúmulo de situaciones es apenas una muestra de un proceso que es constatable desde el conflicto agrario de 2008, y que se profundizó en 2009 cuando el Gobierno de Cristina Fernández puso fin al monopolio privado y pago de la televisación del fútbol, e impulsó la sanción de la ley de medios. Desde esos momentos, verdaderos punto de quiebre en la política y la sociedad argentinas, donde se redefinieron los términos de las disputas de poder, el Grupo Clarín despliega una minuciosa confrontación contra el kirchnerismo y contra todos los gobiernos y/o fuerzas y líderes políticos con similares características político-ideológicas en América Latina.
Esa decisión empresarial estratégica convirtió al ejercicio del periodismo en sus medios en sólo la apariencia –la fachada, la máscara, el disfraz– de lo que verdaderamente representa hoy el Grupo: una cadena nacional privada que trasmite las 24 horas, destinada a la acción psicológica sobre la opinión pública en función de los intereses de ese conglomerado económico-mediático, que es una de las corporaciones donde se asienta el poderío de las clases dominantes en nuestro país.
Fuente: http://www.diariocontexto.com.ar/2016/05/02/accion-psicologica-en-tn-para-generar-odio-al-kirchnerismo/

martes, 5 de enero de 2016

Por complacer al Grupo Clarín el presidente Macri estaría incurriendo en el delito de desobediencia

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A pesar de las advertencias el gobierno conservador argentino publicó en el Boletín Oficial el DNU que modifica la Ley de Medios desoyendo el fallo de la justicia



Finalmente, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial (lo que equivale a su puesta en vigencia) el decreto de necesidad y urgencia que modifica la ley de Medios y Argentina Digital, eliminando sus entes de aplicación: AFSCA y AFTIC. Esto ocurre a pesar de que sigue vigente la medida precautelar dictada por el juez Luis Aires, quien había advertido que la publicación del DNU podía implicar, de parte del presidente Mauricio Macri, la comisión de un delito.

La normativa crea un nuevo ente, el ENACOM, mucho más dependiente del Poder Ejecutivo que la AFSCA, cuando una de las críticas de la oposición hacia el organismo y su (ex) titular, Martín Sabbatella, era la de una subordinación del funcionario con el Casa Rosada. Asimismo, si bien pone límites a la cantidad de medios que un mismo titular puede tener, se incrementa el número en relación a la 26.522 y se permite extender sus plazos de vencimientos hasta 10 años.
Este es el primero de los pasos anunciados por el Gobierno nacional para crear una ley de convergencia; es decir, crea una sola norma que regule el sector de los medios de comunicación electrónicos y de las telecomunicaciones, hoy con marcos legales diferentes.

El Gobierno decidió avanzar en su afán de modificar una ley votada por amplia mayoría en el Congreso y ratificada por la Corte Suprema de Justicia a través de un DNU. Inclusive, lo hace a pesar de que se mantiene vigente una medida precautelar del juez de La Plata Luis Airas, que exigía no afectar a la AFSCA a partir del 29 de diciembre. Es decir, manteniendo vigente la intervención pero sin poder disolver el organismo, que es lo que el DNU hace.

El magistrado llegó a advertir en una entrevista radial que, en caso de publicar el decreto, el Gobiero estaría cometiendo un delito, ya que avanzaría en un sentido que la precautelar le tiene vedado, al menos hasta que un juez federal decida sobre el fondo de la cuestión planteada por el delegado de AFSCA Guillemo Guerín, contra el DNU que modificaba la ley de Ministerios y el decreto de intervención de los organismos.

​Fuente: ElDestape

miércoles, 23 de diciembre de 2015

Apartaron al juez que llevaba adelante la causa Papel Prensa

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Apartaron al juez Eduardo Freiler había pedido indagar a Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, y a Bartolomé Mitre, por La Nación.
El juez federal Eduardo Freiler fue aparatado de la causa que investiga si hubo delitos de lesa humanidad en el proceso de venta de acciones de la empresa Papel Prensadurante la última dictadura cívico militar.
En la causa por Papel Prensa se investiga la supuesta venta a precio vil del paquete accionario de la empresa fabricante de papel para diarios a un consorcio de medios de comunicación, Clarín, La Nacion y La Prensa, por parte de la familia Graiver. Según la denuncia, ésto se habría hecho bajo presiones y luego de secuestros y torturas sufridos por integrantes de la familia en la última dictadura cívico militar.
Ahora, los jueces de la Cámara Federal porteña Eduardo Farah y Martin Irurzun, con la disidencia de Jorge Ballestero, hicieron lugar a un planteo de recusación de los abogados de los imputados Héctor Magnetto, por el grupo Clarín, y Bartolomé Mitre, por La Nación.
Las querellas en la causa se opusieron al apartamiento de Eduardo Freiler al igual que su colega Jorge Ballestero, quien votó en disidencia.
La sala I de la Cámara integrada por Freiler interviene como instancia de apelación, es decir de revisión, de las decisiones que tome en el caso el juez federal de primera instancia Julián Ercolini.
Freiler fue recusado por los imputados de Clarín y La Nacion luego de firmar en disidencia y mostrarse a favor de citar a declaración indagatoria en la causa a todos los involucrados, incluida la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
Los llamados a indagatoria habían sido rechazados por Ercolini y su decisión fue confirmada por la Cámara con el voto disidente de Freiler en julio pasado.
La defensa de los imputados pidió además su apartamiento por declaraciones suyas hechas vía telefónica a periodistas del diario La Nación para una nota, en las cuales habría demostrado "enemistad manifiesta" hacia los medios implicados en el caso.
"Entendemos que el temor de parcialidad en los recusantes se halla suficientemente acreditado y conduce a que el apartamiento solicitado tenga favorable acogida", resolvieron en el voto mayoritario los camaristas Farah e Irurzun.
Para ambos quedó evidenciado "el temor de una posible animosidad de su parte, conformando signos objetivos idóneos para generar dudas razonables que cimenten la desconfianza acerca de su imparcialidad en el caso".
Por el contrario el camarista Ballestero votó en minoría por rechazar la recusación al entender que no se advierte "un supuesto de prejuzgamiento" en el voto de Freiler y que sus consideraciones fueron vertidas en el marco de un fallo "donde se discutía la existencia de motivos de sospecha" sobre los imputados.