Policía le pegó por filmar un procedimiento en la ruta, pero se olvidó de borrar el vídeo

Indignante: un policía le pegó por filmar un procedimiento en la ruta, pero se olvidó de borrar el video y ahora es viral

En las últimas horas empezó a circular en las redes sociales el video de un sujeto golpeado por filmar un procedimiento policial en la ruta.

No está claro dónde ocurrió la escena. En las redes sociales se habla de Córdoba, pero una fuente consultada por EL FEDERAL indicó que habría sido en Santiago del Estero, cerca de la ciudad de Frías.

Lejos de lo que afirma el policía, existe un derecho constitucional a filmar toda actuación policial. Filmar es un derecho a controlar ciudadanamente el desempeño de un funcionario público. Todo acto policial es un acto público de gobierno, que debe ser transparente y puede ser controlado. Sacar una fotografía y/o filmar son derechos propios de la libertad de expresión que reconocen y protegen la Constitución y los tratados de derechos humanos.

La Policía no puede sacar, tapar y/o censurar los celulares de las personas que graban su actuar. Tampoco puede ordenar que las personas dejen de filmar. Esos funcionarios realizan un acto de censura de un derecho constitucional.

Las fuerzas de seguridad que censuran una filmación cometen un acto ilegal e incumplen sus funciones. Filmar el actuar policial es parte del derecho de todos los habitantes a que los funcionarios de seguridad se presenten con sus debidas identificaciones, explicando las razones por las cuales están realizando el operativo y con el debido acompañamiento de los funcionarios judiciales o del Ministerio Público que hayan ordenado el procedimiento.

Fuente:http://www.elfederalonline.com/2017/08/24/indignante-procedimiento-la-ruta-la-policia-le-pego-filmar-lo-hacian/

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COMO EN EL 76 LA POLICIA SECUESTRO Y TORTURO A UN MILITANTE

 Los ataques suceden en el camino que une la casa del chico de 17 años con la escuela media 1 , ubicada a unas veinte cuadras de su hogar, donde cursa el último año del secundario y preside el centro de estudiantes. Además, el joven es militante LGBT.
Un militante fue secuestrado y torturado por la policía de Miramar. Su madre denuncia que desde hace un año lo persiguen. “Le dieron la cabeza contra el capó de un auto, lo quemaron con cigarillos, lo tajearon y le hicieron simulacros de fusilamiento”, denunció la madre de Lautaro Blengi.
A continuación el relato de la madre que cuenta cómo lo detuvieron y golpearon:
“En la madrugada del domingo, la policía detiene a Lautaro con tres chicos más. Hay un hecho confuso, a mí me dijeron que los otros chicos estaban alcoholizados y Lautaro los iba llevando al hospital. A mi hijo lo tomaron por la cresta y le dieron la cabeza contra el patrullero, al tiempo que le decían que lo iba a matar.
Nosotros hicimos correr la voz para que se conozca lo que pasó. El lunes, cuando volvía del colegio, lo detienen policías que estaban en un fitito y le queman cigarrillos en la cara y la frente. Lo tajean y le hacen un simulacro de fusilamiento. Además le dicen que lo van a matar”.
La familia de Lautaro presentó un habeas corpus en el juzgado de paz que la jueza denegó. Además se presentó ante el juzgado de garantías número 3 que tampoco aceptó el recurso de amparo, porque consideraron que no tenía la importancia suficiente para ese tribunal. “Así que nos derivaron, pero nunca tuvimos respuesta”, denunció la madre.
Lautaro es presidente del Centro de Estudiantes de la escuela de Miramar. Está en el último año del secundario. Dentro de nueve días se cumplen 40 años del aniversario del golpe de Estado. La asociación de este caso con las prácticas de la dictadura es inevitable. Nunca más.
 Según se pudo saber, los ataques generaron que sus padres presentaran un hábeas corpus en el Juzgado de Paz de aquella localidad del Partido de General Alvarado, aunque fue rechazado por "inconsistente". Por eso hicieron otra presentación en el Juzgado de Garantías 3 de Mar del Plata, pero tampoco prosperó. Al día de la fecha, se realizó la denuncia correspondiente por el secuestro y tortura, ante la Fiscal de General Alvarado, Ana María Caro.

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