La Corte a favor del 2×1 para delitos de lesa humanidad con la mejor suelta de genocidas de los últimos 50 años
En un fallo polémico, la Corte Suprema equiparó hoy, por mayoría, el terrorismo de Estado con delitos comunes. Con el voto afirmativo de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, el máximo tribunal consideró aplicable el cómputo del 2×1 para un caso de delitos de lesa humanidad. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se pronunciaron en contra.
La decisión de los supremos causó la indignación de los organismos de derechos humanos y de un sector de la dirigencia política. Sin embargo, también llenó de júbilo al ámbito castrense, a cómplices civiles de los militares, a otro sector de la dirigencia y a distintos medios de comunicación.
En este sentido, negacionistas y apologistas del genocidio ya preparan fastuosos festejos para celebrar el fallo de la Corte. Según trascendió, desde la Asociación Empresaria Argentina y la Sociedad Rural convocaron a un brindis para esta misma noche.
Desde el Gobierno se desentendieron de la decisión del máximo tribunal, aunque autorizaron a cortar las calles de todo el país para manifestarse a favor de los genocidas. En tiempo exprés, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría autorizado a levantar una “Esma itinerante” frente a Tribunales, para que se agilicen las liberaciones.
El funcionario de Macri decidió el precio al que iba a cobrar el
dólar futuro. Se trata del actual secretario de Coordinación
Interministerial, Mario Quintana, quien siendo director de dos empresas
compró más de once millones de dólares a futuro. El secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, fue uno
de los que decidió el precio de referencia con el que se iban a cancelar
los contratos del Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX). Quintana
era, hasta asumir como funcionario de Mauricio Macri, director de Farmcity y CEO del Fondo Pegasus que, entre ambos, compraron US$ 11.480.000 de dólares a futuro. Según la declaración testimonial del Gerente General de ROFEX, Diego Germán Fernández, ante el juez Claudio Bonadio
hubo una reunión que se llevó a cabo “el domingo 13 de diciembre de
2015 en el Ministerio de Economía”. “En esta última reunión (…) se
acordó que si ROFEX declaraba la emergencia y realizaba una corrección
de precios, el mercado podía ser normalizado y obviamente el BCRA iba a
honrar sus obligaciones”, relató Fernández el 12 de febrero en el
juzgado federal número 11.
Los asistentes a ese mitin fueron, siempre según Fernández, Mario Quintana y Luis Caputo.
“Las futuras autoridades de la nación sostenían que el mercado podía
quedar bloqueado en forma indefinida, que se iba a armar una comisión
investigadora para ver las operaciones y que se iban a impugnar las
operaciones al menos del período de septiembre a diciembre, generalmente
decían con una acción de lesividad”, amplió Fernández.
Previo a esto hubo diversas reuniones con las futuras autoridades en
las que “se llegó al consenso de que los valores de los futuros de Nueva
York eran demasiado elevados para ser tenidos en cuenta” y hubo acuerdo
en que “sí constituían una referencia válida las cotizaciones de los
títulos públicos nacionales atados a la cotización del dólar oficial
conocidos como dollar linked”.
En castellano: un intermedio entre la posición de Federico
Sturzenegger y el ROFEX. Esto, que se institucionalizó a las 17:30hs del
día siguiente del cónclave en el ministerio de Economía a través del
Ejercicio 107/acta n° 10, constituyó una anomalía en el funcionamiento
del ROFEX que paga según el spot. Es decir, el precio del dólar –que
comunica oficialmente el BCRA- del día en el que se cancelan los
contratos.
Según el ex titular de la Oficina Anticorrupción Manuel Garrido, “habría que investigar si (Quintana) no incurrió en las conductas prohibidas en la ley de ética Pública”.
Para el ex diputado de la UCR, el secretario de Coordinación
Interministerial “debería ser investigado por la Oficina
Anticorrupción”. Los procederes presuntamente irregulares a los que hace
referencia Garrido son los contemplados en el inciso I del artículo 2
de la ley antes mencionada que prevé “abstenerse de intervenir en
todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las
causas de excusación previstas en ley procesal civil”.
También en el inciso B del artículo 15 que plantea “abstenerse de
tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente
relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en
los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria”. Quintana
fue director de Farmacity y CEO de Pegasus hasta su asunción en el
Gobierno. Ambas empresas operaron contratos de dólar futuro por un monto conjunto de US$ 11.480.000. Por último y siempre según el ex titular de la OA, “habría que investigar” si Quintana no incurrió en la conducta prohibida en el artículo 265 del Código Penal que determina que “será
reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación
especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona
interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio
propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que
intervenga en razón de su cargo”.
Fuente: El Destape
El ex ministro de Economía criticó sin contemplaciones la propuesta del
Gobierno a los holdouts. En un duro artículo, recordó que en 2013 el
"experto" Alfonso Prat Gay desaconsejó realizar una oferta como la que
se hizo
La
reciente oferta del gobierno nacional a los bonistas en litigio, que
propone cancelar la deuda con una quita del 25%, generó la reacción del
kirchnerismo. Y el encargado de fundamentar ese rechazo fue Axel Kicillof, el hombre que durante años manejó la Economía del país y negoció con los holdouts.
En un artículo titulado "Algunos números sencillos para evaluar la oferta de Macri a los fondos buitre" -publicado en el diario Página/12-, el ex ministro de Hacienda criticó a los medios y analistas que no se animaron a llamar a la propuesta "por su nombre: vergonzosa".
Para justificar su lapidaria calificación, Kicillof aseguró que hace unos años los bonistas se mostraron dispuestos "a través de terceros" a aceptar "un descuento todavía mayor: 30 por ciento", que además se iba a pagar "en bonos, no en dólares contantes y sonantes". Esto demostraría -según el ex funcionario kirchnerista- que el macrismo podría pagar más de lo que los buitres incluso esperaban obtener.
"Los buitres aceptaban cobrar con una quita mayor a la que ofrece Macri, y en bonos, no en dólares"
"Probablemente el resultado de la negociación sea hasta el momento tan desfavorable para Argentina porque el gobierno de Macri muestra un indisimulable apuro por llegar a un acuerdo, lo cual no es precisamente una buena estrategia de negociación. Como lo ven casi desesperado, le piden más", apuntó el dirigente que forma parte de La Cámpora.
Para marcar las diferencias, el diputado nacional rememoró que "cuando Néstor Kirchner negoció con los acreedores la salida del default, ofreció 35 centavos por cada dólar", pero el juez Thomas Griesa pretende que la Argentina "pague 4 dólares por cada dólar".
Thomas Griesa, el juez que interviene en el conflicto con los holdouts
Si se cumpliera la resolución del magistrado, explicó Kicillof, los holdouts "obtendrían una ganancia del 1600%" sobre el dinero que pusieron. En tanto que "con el descuento que ofrece el gobierno de Macri se reduciría a ... ¡1200 por ciento! Un disparate", sentenció el ex ministro.
"En síntesis -continuó el legislador- con la propuesta de Macri, los buitres cobrarían 6500 millones cuando apostaron cerca de 500 millones, es decir, 3 dólares por cada dólar. Como se ve, no se está pagando por el juicio del siglo sino que el gobierno de Macri estaría convalidando la estafa del siglo".
"Con esta oferta, el gobierno de Macri estaría convalidando la estafa del siglo"
En ese sentido, Kicillof remarcó que "si ahora Argentina levanta la ley cerrojo y le paga a los buitres lo que piden con un módico descuento, no sería para nada extraño que en breve aparezcan bonistas (del 93% que aceptó una quita del 65%) que reclamen el mismo tratamiento que recibieron los buitres", con el amparo legal de "un juez con mejor criterio que Griesa".
El ex ministro de Economía consideró oportuno "citar la opinión de un 'experto' que en 2013 presentó un escrito como amicus curiae" apoyando a Argentina ante la Justicia norteamericana y "contra el fallo de Griesa".
"El autor del facsímil no es otro que el actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, que criticaba cualquier arreglo que reconozca para los buitres más que lo que recibieron los acreedores reestructurados.
Aunque hoy sostenga lo contrario, tenía razón: pagar de más no es
justo, pero tampoco es conveniente y además es extremadamente riesgoso",
remató.
"Antes Prat Gay rechazaba cualquier acuerdo que reconozca a los buitres más que a los acreedores reestructurados"
Finalmente
Kicillof cerró su escrito con una filosa ironía, que fue como
contragolpe a la permanente alusión que el macrismo hace del legado
kirchnerista para justificar algunos males de la actualidad.
Para
el diputado nacional, el apuro del gobierno nacional para negociar con
los bonistas "proviene de un motivo mucho más profundo y también mucho
más peligroso: el plan de Macri parece ser endeudar nuevamente al país".
"Tomar deuda es hoy posible, precisamente, porque después de 12 años de esfuerzo Argentina está desendeudada. Con
trabajo, con industria, con crecimiento, con inclusión y sin deuda.
Mantener esos derechos parece ser para algunos una pesada herencia", concluyó.
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