Podría ser gracioso si no se tratara de algo peligroso para el pueblo
trabajador. Ayer, en cuestión de horas, el Ministerio de Seguridad que
conduce Patricia Bullrich cometió el patético ridículo de publicar una
información por Twitter para después borrarla y bajarle la línea a todos
sus funcionarios para que no hablen del tema.
¿Y cuál es el tema? Nada menos que el avance en el proyecto de
involucrar a las Fuerzas Armadas argentinas (aún pobladas de
secuestradores, torturadores, desaparecedores y asesinos de la
dictadura) en asuntos de “seguridad interior”. Más precisamente en el
supuesto combate del crimen organizado (narcotráfico, terrorismo, trata
de personas, contrabando). Como si no fuesen las mismas instituciones
del aparato represivo del Estado las que cuidan, controlan y hasta
participan activamente en ese entramado criminal a lo largo y ancho del
territorio nacional.
“Nos reunimos con las Fuerzas, @MindefArg y miembros del Estado Mayor
Conjunto. Trabajo coordinado para más seguridad”. Así decía el tweet
publicado en la cuenta oficial del ministerio de Bullrich. Pero horas
después ese mensaje con la foto serían borrados. El bochorno no tardaría
en recorrer las redes sociales dejando en
off side a la oficina de Prensa del Ministerio.
Poco después el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
difundió un comunicado
en el que cuestiona los intentos del gobierno de Macri de involucrar a
las Fuerzas Armadas en la “seguridad interior”. Y fundamenta ese
cuestionamiento en dos hechos concretos: que está prohibido por las
leyes argentinas y que “en los países de América Latina en donde las
Fuerzas Armadas juegan un papel en cuestiones de seguridad interior, en
general, justificado con la retórica de la ‘lucha contra el
narcotráfico’, las consecuencias solo han sido negativas: los problemas
de seguridad no se han solucionado y las violaciones a los derechos
humanos se han incrementado”.
Son tres las leyes nacionales que prohíben taxativamente el uso de
las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país. La 23.554, de
Defensa Nacional, sancionada en 1988; la 24.059, de Seguridad Interior,
de 1991 y la 25.520 de Inteligencia Nacional promulgada en 2001. Tres
normas, vale decirlo, que lejos de ser “regalos” de gobiernos radicales y
peronistas fueron producto de duras luchas populares contra la
represión y la impunidad de esas fuerzas genocidas.
Fuente: La Izquierda
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