UNO DE LOS MAYORES CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD DE ARGENTINA QUEDARA IMPUNE DE LA MANO DEL FISCAL Y EL JUEZ QUE DEBERÍAN HABERLO INVESTIGADO.
Mediante un escrito presentado esta mañana ante la Cámara Federal, el fiscal general Germán Moldes declinó de sostener la apelación contra los tres empresarios periodísticos que había formulado su colega de primera instancia Franco Piccardi.
La decisión de perseguir penalmente a los acusados por la supuesta apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa en los albores de la última dictadura, significa el retiro definitivo del Estado, en todas sus formas, en una causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad.
En sintonía, la Secretaría de Derechos Humanos, que durante el anterior gobierno se había convertido en “querellante”, dejó de serlo apenas asumió el gobierno la gestión encabezada por Mauricio Macri.
El fallo del juez Julián Ercolini de primera instancia había sobreseído a los empresarios Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, entre otros, por la adquisición de la empresa al Grupo Graiver en 1976.
Inicialmente Moldes dijo que mantenía el recurso, es decir que estaba de acuerdo en que había que revisar el fallo que desvinculaba a los empresarios periodísticos.
Pero hoy, sorpresivamente –o no tanto-, y poco antes de que se presentaran las querellas a informar en una audiencia personal justamente contra el sobreseimiento, Moldes presentó un escrito en el que desistió de la apelación.
De tal modo, la investigación sólo se podrá mantener viva por la intervención de los particulares damnificados, mas no del Estado Nacional, ya sea a través del gobierno o del Ministerio Público Fiscal.
Para el Estado, bajo las actuales autoridades, Papel Prensa ha dejado de ser una causa en la que tenga interés por conocer definitivamente si hubo o no delito.
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