El “juez de la servilleta” Claudio Bonadío, siempre presto a congratular los deseos del Grupo Clarín, buscará
detener a Cristina Kirchner el 13 de abril cuando la cite a indagatoria
en una insólita causa por la venta de “dólar futuro” por parte del
Banco Central, operatoria en la que el Estado Nacional perdió dinero por
culpa de la megadevaluación de Mauricio Macri.
La imputación será la de “jefa de una asociación ilícita”
que habría estado al frente de esa operación económica. Solo una
movilización social importante podrá impedir que este impresentable juez
clarinista logre su objetivo. La oligarquía argentina, dispuesta a
incendiar el país, demuestra no haber aprendido la lección del 17 de
octubre de 1945.
Los jueces suelen echar mano a esa figura jurídica para dejar detenidos a los imputados.
Ayer declaró una ex directora y actual gerenta del Banco Central.
Cristina Kirchner fue llamada a indagatoria para el 13 de abril.
El juez federal Claudio Bonadio dibujó una insólita imputación por
asociación ilícita para tener como rehenes a la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y al ex ministro de Economía Axel Kicillof. El
delito de asociación ilícita –que es integrar una organización
delictiva– se suele utilizar como maniobra para amenazar a los imputados
con meterlos presos. En el caso de Kicillof no lo podrá hacer porque es
diputado y tiene fueros, pero respecto a CFK podría concretarlo cuando
concurra a Comodoro Py el 13 de abril. El dato surge de la primera
indagatoria que se tomó ayer en la causa por la operatoria del dólar
futuro. Ante la ex directora del Banco Central, Flavia Matilde Marrodán,
actual gerenta de la institución,
Bonadio formuló una acusación
descabellada en la que no le señala a la funcionaria que votó o hizo
tal o cual cosa, sino que integró una asociación ilícita cuyos jefes
fueron CFK y Kicillof y que “le produjo al Estado cuantiosas pérdidas”.
En cada párrafo el juez habla de política económica y opina sobre lo
que le parece razonable o no. Esta calificación de asociación ilícita es
la que permite amenazar con la detención el mismo día en que vayan a
declarar, por supuesto intentando dejar de lado que nunca dejaron de
estar a derecho, que es obvio que no se van a fugar y que no están en un
lugar que les permita obstruir la investigación, ya que toda la
operatoria fue pública.
Movilización
En el edificio de Comodoro Py circulaba la versión de que
Bonadio apuntaba a realizar detenciones, aunque al mismo tiempo está
instalada la preocupación por las movilizaciones que habrá el día que
declare Cristina Kirchner. La amenaza emitida ayer por Bonadio a
través de la calificación que exhibió en la primera indagatoria
seguramente hará que la cantidad de gente se multiplique.
Como han explicado reiteradamente la mayor parte de los
juristas, la figura de asociación ilícita es de dudosa
constitucionalidad. El penalista y ex juez de la Corte Suprema
Raúl Eugenio Zaffaroni lo explicó recientemente en Página/12 respecto
del caso Milagro Sala. “Todos sabemos que el artículo 210 (asociación
ilícita) no es más que un instrumento que sirve para que en la
instrucción se niegue la excarcelación, aunque luego no se llegue a
ninguna condena”, señaló Zaffaroni.
Con el delito de asociación ilícita se pretende penar a los
que se ponen de acuerdo en cometer delitos, aunque después tal vez no
cometan nada. Se establecieron penas altas para los culpables y fue una
figura muy usada para combatir a los sindicatos, luego también a las
organizaciones políticas de izquierda. Lo grave era pertenecer, no si
habían cometido un delito o no. Para los jefes u organizadores se prevé un mínimo de cinco años de cárcel y por eso se utiliza para negar excarcelaciones,
como señala Zaffaroni. “No decimos nada nuevo con esto, por cierto.
Sólo recapitulamos la lógica retorcida, antijurídica y republicanamente
inconstitucional con que se maneja este verdadero secuestro legalizado”,
resumió el ex juez de la Corte refiriéndose a la detención de Sala y el
uso de la figura de la asociación ilícita.
Gobernar
Como se sabe, la operatoria de dólar futuro consiste en fijar un
precio de la divisa para un momento futuro determinado. Si la cotización
resulta más alta el día fijado, se le dará al comprador la diferencia a
su favor, en pesos, y si la cotización está por debajo de lo fijado en
la operación, la diferencia quedará a favor del Estado. Es una
operatoria del Banco Central que se realiza desde hace años, en la
Argentina y en otros países, y que le dejó importantes ganancias al
Estado. El objetivo del Central era mantener bajas expectativas de
devaluación y evitar cualquier corrida. L
a realidad es que las
ganancias terminaron siendo importantes para los que operaron en el
dólar futuro porque después el gobierno de Macri produjo una
megadevaluación, pese a que a lo largo de la campaña juró y perjuró que
no devaluaría. De manera que se acusa al anterior gobierno por una
pérdida que se produjo cuando la actual administración devaluó.
Un concepto asombroso es que Bonadio prácticamente dice que la
asociación ilícita es el anterior gobierno, cuya función era gobernar y
fijar la política económica. Parte de esa política consistía en evitar
una devaluación que –como luego se demostró– terminó en inflación,
pérdida del salario real, despidos y recesión. Aún así, el magistrado
sostiene que “no existían razones económicas para realizar esas
operaciones en ese período ni tampoco existía razón económica para
extender esa operatoria, que carecía de toda razonabilidad”. O sea que
el magistrado fija los criterios que deben imperar en la política
económica y monetaria.
Imputación
Flavia Marrodán se presentó ayer con sus abogadas en el juzgado de
Bonadio y allí se le leyó la extensa imputación que ocupa la mayor parte
del escrito: en total siete fojas de las 12 totales.
La
acusación consiste en “formar parte de un grupo de funcionarios que en
forma sistemática, concertada y organizada emprendieron diversas
acciones de carácter político y administrativo en violación a las
competencias del Banco Central para concretar operaciones en el mercado
de dólar futuro en condiciones dañosas al erario público”.
Bonadio considera que probado que se vendió dolar futuro demasiado
barato por el hecho de que la cotización a futuro en Nueva York estaba
más cara, que el “contado con liqui” estaba a mayor precio y que el
“dólar bolsa” estaba también a más valor. En alguna parte del texto
admite que la política consistía en tratar de mantener bajo el valor de
la divisa, pero su conclusión es que se provocaron cuantiosas pérdidas
al Estado Nacional.
La cuestión es que esas pérdidas se
concretaron cuando la administración Macri produjo la megadevaluación,
aún habiendo dicho lo contrario, por ejemplo, en el debate televisivo
antes del ballottage.
Lo que queda en evidencia en cada línea de las siete fojas de la
acusación es que se trata de una crítica a la política económica –”no es
razonable”, “no se encuentran motivos”– más que una imputación penal.
Caminos
La ex presidenta todavía no designó abogado. Sí lo hizo el ex titular
del Banco Central, Alejandro Vanoli, quien será defendido por el
estudio Righi, mientras que a Kicillof lo asistirá Guillermo Acuña
Anzorena. Una posibilidad es que a CFK la defienda Carlos Alberto
Beraldi, abogado de la familia Kirchner en la causa Hotesur y uno de los
penalistas de mayor renombre, que trabajó durante años con León
Arslanian. Habrá que ver si esa designación se concreta en los próximos
días.
La lógica indica que el primer paso de la defensa de CFK será
recusar a Bonadio, quien se despachó varias veces públicamente contra
el gobierno de la ex mandataria. No debería ser difícil aportar pruebas
de su animosidad y, de hecho, fue apartado de la causa Hotesur. Por lo
que se sabe, la ex presidenta tiene muy estudiado el expediente y se
prepara intensamente para enfrentar la acusación.
Fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295671-2016-03-29.html
¿Quién es el juez Claudio Bonadío?:
http://kontrainfo.com/?p=1183
La idea de encarcelar a Cristina por parte del poder real
de la Argentina ya había sido anticipada el 3 de enero por Horacio
Verbitsky:
Apunten a la cabeza
Por Horacio Verbitsky – (03/01/2016)
Es el tiempo de la venganza. El juez Sebastián
Casanello ya había sobreseído a Maurizio Macrì en una etapa previa,
decisión que fue revocada por los camaristas de apelación Jorge
Ballestero y Eduardo Freiler. La semana pasada, Ballestero y Freiler
recibieron un ultimatum de Macrì, quien empleó al más insólito mandadero
para solicitarles la renuncia: el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Ricardo Lorenzetti. La intimación también abarcó a los jueces
Norberto Oyarbide (el primero que procesó a Macrì por las escuchas) y
Rodolfo Canicoba Corral. Oyarbide decidió apurar su jubilación, Canicoba
se encargó de que trascendiera la operación conjunta
ejecutivo-judicial, para asegurar la justicia independiente que Macrì
exaltó en su primer mensaje y que Casanello ejemplificó sobreseyendo al
flamante mandatario.
Ahora es el turno de Cristina, a quien el gobierno desea ver presa por traición a la patria, nada menos.
La fecha de largada para la ofensiva contra el kirchnerismo sería el 1
de marzo, cuando Macrì inaugure las sesiones ordinarias del Congreso. A
diferencia de lo sucedido el 1 de diciembre, cuando enhebró una apurada
retahíla de generalidades y propuestas de felicidad y amor, dentro de
dos meses se propone presentar con el mayor detalle los cargos que haya
acumulado contra la administración que lo precedió. Su mensaje sería
extenso y duro.
La colocación de Cristina a la cabeza de los
objetivos fue un aporte del Grupo Clarín. Ya en octubre de 2014 su
ariete más voluminoso, Jorge Lanata, dijo que “Cristina tiene miedo de
ir presa. Tiene miedo de la investigación de los buitres sobre la ruta
del dinero”. A mediados de 2015, durante la campaña para las Primarias,
la ex diputada radical Elisa Carrió sostuvo que de llegar ella a la
presidencia, “Cristina irá presa”. Esto no ocurriría por
“revanchismos” sino mediante leyes de “imprescriptibilidad sobre los
delitos de corrupción” y “juicios sobre los bienes” de los funcionarios
corruptos. “Pediré informe de todas las cuentas en el exterior”, dijo.
El 27 de noviembre, mientras se discutían los detalles del acto de jura
del nuevo presidente,
el periodista Ceferino Reato escribió: “Vamos a ver si Cristina permanece libre mucho tiempo”.
Agregó que “debería favorecer una buena transición” y que “tensar la
situación no la favorece” porque “tiene muchas causas abiertas”,
amenazó.
La aliada presidencial Margarita Stolbizer denunció a
CFK por enriquecimiento ilícito y el 9 de diciembre anunció que podría
ir presa por “un enriquecimiento difícil de ocultar”. En una
columna para el diario La Nación, Luis Majul sostuvo que si Cristina
fuera presa no sería porque Macrì decidió “empujarla a la cárcel” sino
porque el juez Claudio Bonadio ya recolectó “todas las evidencias que
prueban, como mínimo, la existencia de lavado de dinero en la causa
Hotesur”. Macrì no conminó a su socia política para que presionara al
fiscal Carlos Stornelli o al juez Daniel Rafecas “porque sabe que
Stolbizer no necesita un guiño del Presidente para continuar lo que
empezó. Pero el miedo de Cristina Fernández a que la metan presa es lo
que explica, también, la virulencia y la agresividad de los fogoneros
del Frente para la Victoria”, pretende uno de los periodistas más
próximos a la intimidad presidencial.
El modelo es el ’55, con
la exhibición de vestidos y zapatos en la residencia presidencial, las
comisiones investigadoras que ocuparon el lugar del clausurado Congreso,
y la ilusión de borrar al tirano depuesto de la memoria popular,
presentándolo como un ladrón de los dineros del pueblo. El resultado de
ese intento es bien conocido.
Fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289453-2016-01-03.html
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