LA PEOR NOTICIA PARA MACRI PANAMÁ ENTREGARA LOS DATOS SOBRE LAVADO

El país acaba de ratificar la convención multilateral de cooperación fiscal de la OCDE

Los profesionales abocados al blanqueo han recibido como una bomba una noticia que llegó de Panamá y que conocieron a escasos días de terminar el tiempo del Sinceramiento el próximo viernes: ese país acaba de ratificar la convención multilateral de cooperación fiscal de la OCDE y en principio comenzará a intercambiar automáticamente información tributaria con Argentina a partir de 2019.
 

Rodolfo Canese, de KPMG, explicó que con la "Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal" de la OCDE se sientan las bases y el acuerdo marco para luego comenzar a intercambiar información automática. Pero Panamá negociaría de forma bilateral y recíproca con los países el intercambio automático.

Tanto la AFIP de Argentina como la DGI de Uruguay pronto estarán en condiciones de solicitarle a su similar panameña, información que consideren relevante para el cobro de sus impuestos, indicó Guzmán Ramírez, del estudio Bergstein Abogados (Montevideo).

En la medida que la AFIP sospeche que un argentino utiliza una sociedad panameña para evadir impuestos en Argentina, la autoridad fiscal de Panamá deberá cooperar con la investigación, proporcionando la información que requieran la AFIP, añadió Ramírez.

Panamá acaba de ratificar la Convención. El pasado 16 de marzo comunicó formalmente a la OCDE la adhesión que ahora fue ratificada, y la Convención entrará en vigor para Panamá el próximo 1º de julio. Según sus cláusulas, deberá informar en 2019 sobre cuentas al 1º de enero de 2018, explicó Hugo Almoño, de PwC.

Argentina y Uruguay también adhirieron a dicha Convención. Pero para Uruguay, la Convención entró en vigor el pasado 1º de diciembre de 2016, y para Argentina está en vigencia desde el 1º de enero de 2013.

La ratificación por Uruguay de la Convención Multilateral cambió sustancialmente el panorama del intercambio de información. Antes de la entrada en vigor de la Convención Multilateral, Uruguay intercambiaba información tributaria, pero a través de acuerdos bilaterales (con acuerdos "país con país"), y lo hacía con 27 estados. Ahora, Uruguay intercambia información con 92 países. La adhesión de Uruguay a la Convención Multilateral terminó triplicando y más, la cantidad de países con los que Uruguay intercambia información, indicó Ramírez.

Esta avalancha la vivió antes Argentina, y le irá pasando de ahora en más a Panamá.

En principio, los países no están autorizados a pedir información retroactiva, pero Ramírez aseguró que si la AFIP Argentina o la DGI de Uruguay sospecharan defraudación fiscal, la propia Convención establece una excepción para el caso. Allí sí, cuando el caso tuviese repercusiones penales, tanto la AFIP como la DGI podrían solicitar información de 3 años para atrás.

¿La persona o empresa investigada tendrá "derecho a vista previa"? En otras palabras, ¿tendrá derecho a oponerse a la entrega de la información que la AFIP y/o la DGI soliciten a Panamá?, se preguntó Ramírez. Y respondió que no.

El texto de la Convención admite expresamente la posibilidad de que las personas o empresas investigadas tengan derecho a vista previa. Pero para ello los países tienen que formular una declaración ante la OCDE en la que indican que podrán notificar a la persona o empresa interesada antes de transmitir la información. Ni Argentina ni Uruguay ni Panamá formularon dicha declaración, subrayó Ramírez.

El desconocimiento del derecho a oponerse a la transmisión de información que podría resultar personalísima, atenta contra las reglas y principios del debido proceso, concluyó.

Fuente: El Cronista

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Aguad dijo que Franco Macri es Insolvente

"Vergüenza" Aguad justificó el acuerdo con el Correo al afirmar que Franco Macri es insolvente

El ministro de Comunicaciones defendió el escandaloso arreglo entre el Estado y los Macri por la deuda del Correo Argentino al argumentar que el padre del presidente es “un deudor sin recursos económicos”. Y como no podía ser de otro modo, culpó al gobierno anterior por la quita.

Aguad, uno de los responsables por el impúdico acuerdo, reconoció que el mismo representa “un perjuicio para el Estado”, y como no podía ser de otra manera, culpó al gobierno anterior por la quita. Es por ello que reclamó que “algún fiscal le achaque la responsabilidad al funcionario que tenía la obligación de cobrar” lo establecido durante el concurso de acreedores realizado en 2003.

El dirigente radical devenido funcionario recordó que cuando asumió en su cargo y se puso en conocimiento de la situación dijo: “Tratemos de cobrar lo que queda, porque si seguimos demorando esta deuda no existe más”.

Además, detalló que la deuda “se va a pagar en quince cuotas con un interés del 7% lo que va a elevar esta deuda de 292 millones a casi 600 millones de pesos”. Y agregó: “Es lo que se pudo hacer”.

“Estamos resolviendo algo que no se resolvió en el gobierno anterior, y que ya viene con una pérdida que sufrió el estado producto de la desvalorización de aquel crédito de 292 millones. Acá se han perdido cerca de tres mil millones”, argumentó Aguad.

También aclaró que el acuerdo, que aún debe ser refrendado por la Justicia, es “transparente” y dijo que fue producto de una decisión del ministerio que conduce. “Nunca hablé con el Presidente de este tema. Primero porque no corresponde, porque se trata del padre de él. Y segundo porque se la respuesta del Presidente”, remarcó.

Para cerrar, Aguad dijo que le gustaría hablar con “los líderes parlamentarios que están criticando este acuerdo, para ver cuál es la alternativa”. “La intención es escucharlos para tratar de buscar una alternativa a lo que se está haciendo, para saber si la crítica es una crítica política o hay detrás de eso una intención para mejorar la situación del estado”, sostuvo finalmente.

Fuente: Info 135

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"Ríos de Sangre" en el futuro de Argentina al entregar soberanía a EE.UU.

Esto es muy peligroso, suelten las banalidades políticas y comiencen a comprender de que se nos abre un catastrófico frente de batalla, esto va a traer ríos de sangre .

UN ACUERDO PELIGROSO... Y POR LO TANTO, SILENCIADO.

"En este tipo de colaboración, el Convenio determina expresamente que, cuando lo consideren necesario, los efectivos militares de la Guardia Nacional de Estados Unidos podrán operar en el país asociado y si es necesario, tomar decisiones con y por sobre las Fuerzas Armadas y de seguridad locales".

El  10  de  noviembre   de  2016   el  gobierno  del Estado  norteamericano  de  Georgia  anunció  que  la  Guardia Nacional de ese  Estado había  sido  seleccionada  como la  operadora del COMANDO SUR militar estadounidense para la República de Argentina como parte del Programa de Asociación Estatal (SPP por sus siglas en Inglés)  del Departamento de Defensa.

La  noticia  fue  dada  a  conocer   recién  el  14  de  diciembre de 2016  por  el  Ministerio de  Defensa  argentino  a  través  del  Informe  de  Prensa  N° 523/16 que informó: “El Ministro Martínez firmó un convenio de ayuda humanitaria con la Guardia Nacional del Estado de Georgia, Estados Unidos, para brindar asistencia ante catástrofes naturales y ayuda humanitaria. Mediante la firma de este convenio, presentado ayer en la Embajada de EE UU por el Embajador argentino en Washington, Martín Lousteau, Argentina pasa a integrar el Programa de Colaboración Estatal del Departamento de Defensa (SPP), lo que permitirá que las Fuerzas Armadas nacionales desplieguen actividades conjuntas con la Guardia Nacional del Estado de Georgia”.

Por  su  parte  la  Embajada  norteamericana  destacó  en  un  comunicado  que  “inspirado en las metas de política exterior del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el SPP es administrado por la Oficina de la Guardia Nacional y apoya los objetivos de cooperación en materia de seguridad de los comandantes de teatros de operaciones”. Cabe  recordar  que  este convenio fue  pedido ,  a  principios  de  2016 , por  el  gobierno  argentino de  Mauricio Macri.

El convenio expresa:“El SPP entre el Estado de Georgia y Argentina establecerá las bases para desarrollar una relación exitosa a largo plazo, mediante el conocimiento en respuesta a la compartición de emergencias y desastres, la mejora de  la seguridad fronteriza y el fortalecimiento de la cooperación en Operaciones de Paz y su preparación” . Además agrega:  “Gracias a la Alianza, la Guardia Nacional  llevará a cabo ACCIONES MILITARES entre los dos grupos, no  sólo  en apoyo de los objetivos de SEGURIDAD Y DEFENSA  sino que también hará uso de las relaciones de toda la sociedad y recursos para facilitar las acciones interinstitucionales y   de  respuesta,  no  sólo  con  LOS MEDIOS MILITARES  sino  también  con  el  gobierno,  y  los  sectores  sociales  y  económicos”. 

Como  se  establece  en  los  documentos  oficiales  la  Guardia  Nacional  se  guía  por  los  objetivos  de  Política  Exterior  del  Departamento  de  Estado  y los  de  Seguridad  del  Departamento  de  Defensa de  los  EE  UU.   Aclaramos que en los EE.UU las FF.AA permanentes sólo están autorizadas a operar fuera de su territorio. Para la Seguridad Interior las Fuerzas de Seguridad pueden ser reforzadas,  si  es  necesario,   con efectivos militares de la llamada Guardia Nacional, que  forman parte  de la   Reserva Militar Permanente y están en condiciones de  operar  en la Seguridad Exterior, conjuntamente con el RESTO DE LAS FUERZAS  ARMADAS.    

En este tipo de  colaboración  el Convenio  determina   expresamente   que  cuando  lo consideren  necesario los efectivos militares de la GUARDIA NACIONAL  podrán  operar  en  el  PAIS  ASOCIADO  y si es necesario tomar  decisiones con y por sobre las Fuerzas Armadas   y  de  seguridad  locales.

El  ”CONVENIO”  dado  a  conocer  es  la  forma  consensuada  entre  los  gobiernos  argentino  y  norteamericano  para  habilitar  la  posibilidad  de   volver  a   emplear  a  personal  militar  en la   Seguridad  Interior,  eludiendo,  burdamente  la  prohibición  explícita  de  lo  determinado  por  las  Leyes  de  Defensa  Nacional  y  de  Seguridad  Interior al originar  la  alternativa  del empleo de   fuerzas  militares  estadounidenses  en   esas  tareas  bajo  el  pretexto  de “MANTENER  LA  PAZ”. Múltiples CONVENIOS de este tipo se han establecido últimamente en países africanos con resultados desastrosos.   Ante esta situación el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA) propone que las organizaciones políticas y sociales se movilicen para solicitar que el Congreso Nacional no apruebe  este nefasto “CONVENIO”  por los peligros que su vigencia representará: Volver a la represión militar interna establecida por la Doctrina de la Seguridad Nacional, ahora por la puerta de servicio desde donde ingresarán efectivos militares foráneos capitaneados por el tristemente famoso: Comando Sur de los EEUU.-

Fuente: Annur tv

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Investigaran el acuerdo con los fondos buitre por “traición con sometimiento

 

El fiscal federal Federico Delgado impulsó hoy una denuncia para determinar si hubo delitos en la negociación con los fondos buitre para el pago de la deuda y pidió que la Jefatura de Gabinete aporte la documentación relacionada al tema.
Delgado dictaminó a favor de investigar una denuncia presentada ayer al respecto y pidió medidas de prueba al juez federal Sebastián Casanello, informaron fuentes judiciales.
Entre otras medidas, la fiscalía pidió al juez que requiera los documentos que hayan estado “directa o indirectamente” relacionados a la negociación con los holdouts en la Justicia estadounidense o cualquier otra instancia judicial que se haya abierto al respecto en el mundo.
Delgado dictaminó a favor de abrir una investigación en la denuncia presentada ayer por los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis contra el Gobierno Nacional por la negociación con los fondos buitre.
Delgado consideró que hay elementos para impulsar la pesquisa.
Y pidió a Casanello que “con la premura del caso” libre “una orden de presentación dirigida al Señor Jefe de Ministros de la Nación, para que de inmediato ponga a disposición todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los ‘fondos buitre’, ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo”, según el dictamen al que accedió Télam.
Y además requirió que se encomiende “también en un plazo perentorio a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad Torcuato Di Tella que designen un experto por lado, para que analicen las políticas públicas señaladas a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 65 de la ley 24.154”.
Ahora Casanello resolverá si ordena estas medidas de prueba.

 

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EL ACUERDO BUITRE ES UNA BURLA SEGUN UN ESPECIALISTA EN FINANZAS INTERNACIONALES

Anna Gelpern, profesora de la Universidad de Georgetown y especialista en finanzas internacionales y deudas soberanas, advirtió que el acuerdo alcanzado entre la Argentina y fondos buitre es "una burla para cualquier noción de equidad e igualdad" y podría hacer que en otros casos de default "más acreedores quieran convertirse en holdouts".

"La medida cautelar y los acuerdos pueden hacer que más acreedores busquen convertirse en holdouts y buscar tácticas creativas de litigar ante los tribunales. ¿Quién podría culparlos, si la opción es entre obtener 1.500 por ciento de retorno de inversión o aceptar una quita cobrando 33 centavos por dólar, que de todos modos podría ser bloqueado por holdouts?", enfatizó Gelpern.

En una nota publicada por el think tank Peterson Institute for International Economics, Gelpern advirtió que "el reciente acuerdo muy claramente recompensa al mayor grupo de holdouts en cualquier reestructuración de deuda sobearana en la memoria moderna".

"Nunca más se podrá menospreciar la posibilidad de que unos pocos 'free riders' esperen un tiempo largo y obtengan ganancias astronómicas", subrayó.

Gelpern indicó que "con el modelo de demanda disponible, validada por una corte de apelación nortemericana y probada en acción, convertirse en holdout no es más un juego slvaje y exótico: es una opción viable de inversión. Negociaciones trabadas y crisis prolongadas bien podría ser el resultado".

"Lo peor acerca de este acuerdo es que ha producido y testeado un arma inmensamente potente que una pequeña minoría de acreedores puede ahora usar para tener de rehenes a países y al resto de los acreedores", enfatizó. Para Gelpern, "el acuerdo convierte en una burla toda noción de equidad e iguladad", al tiempo que subrayó que hay acreedores que obtendrán más de mil por ciento de retorno de sus inversiones iniciales.

"Las disparidades son crecientes, no sólo entre los bonistas que entraron a los canjes y los holdouts pero también entre los holdouts, algunos de quienes ganaron un interés anual del 101 por ciento, mientras que otros obtienen el interés de los bonos del Tesoro norteamericano. Este resultado exalta la sofisticación y la audacia, mientras que castiga la confianza y la coooperación", enfatizó. 

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EXPERTOS DE LA ONU EN DERECHO ALERTAN A LA ARGENTINA "EL ACUERDO CON LOS BUITRES DESATARA LITIGIOS DE ACREEDORES HOLD OUT POR TODO EL MUNDO"

En medio del debate que lleva adelante el Congreso ante los riesgos del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitre, expertos de Naciones Unidas alertaron que el pacto celebrado por el oficialismo y aliados “alentará litigios disruptivos de los acreedores hold out en todo el mundo”. El experto sobre las consecuencias de la deuda externa en los Derechos Humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, y el experto sobre la promoción de un orden Internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, han decidido emitir el siguiente comunicado:
La oferta argentina de pagar $ 4.650 millones a los fondos de alto riesgo titulares de bonos impagados hace 14 años aumentará el riesgo moral y alentará litigios disruptivos de los acreedores hold out en todo el mundo.
Ese monto corresponde sólo a una parte del 7,7% de la deuda no reestructurada que Argentina dejó de pagar a finales de 2001. El país ha estado bajo una gran presión financiera para alcanzar un acuerdo con fondos de inversión hold out que habían comprado la deuda de Argentina en el mercado secundario con un gran descuento y que probablemente e obtengan enormes ganancias.
Un acuerdo validaría el tipo de litigios predatorios que han aumentado durante la última década. Estos acuerdos dificultarán la solución de las crisis de la deuda de una manera justa, oportuna y eficiente, alentando y recompensando el comportamiento de aquellos que se niegan a participar en los esfuerzos de reestructuración de la deuda. Estas no son buenas noticias para los intentos de resolver la crisis de la deuda en forma oportuna y de una manera sensible a los derechos humanos.
Recientemente, en septiembre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos expresó en una resolución su preocupación por el hecho de que el pago a los fondos buitres podría socavar la capacidad de los Gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales.
El mensaje de un acuerdo sería que conviene negarse a participar en los procesos de reestructuración de deuda a través de la retención de la deuda pública de un Estado insolvente.
Alentar este tipo de comportamiento va en detrimento de muchas personas en los países afectados por las crisis de deuda. La propuesta de acuerdo extrajudicial, tras muchos años de litigio, confirma la necesidad de establecer mecanismos de reestructuración de la deuda más previsibles y eficaces a nivel internacional para resolver controversias de deuda en forma oportuna.
Queda por ver si el acuerdo entre Argentina y los fondos de alto riesgo, en caso de ser aprobado por el Congreso de Argentina, beneficiará a la población del país.
Alcanzar un acuerdo con los “fondos buitres” podría permitir a Argentina volver a tomar deuda en los mercados financieros internacionales, pero para poder pagar a los hold outs el Estado tendrá que aumentar su endeudamiento.
Es necesario preguntarse si este acuerdo y el subsiguiente endeudamiento en los mercados financieros internacionales, serán convenientes desde una perspectiva de derechos humanos.
Emitir nueva deuda que supere ciertos límites de prudencia, en aras de una visión absolutista del principio pacta sunt servanda, o para reducir un déficit fiscal crónico, no sólo afectarían negativamente al entorno económico necesario para la plena realización de los derechos económicos y sociales, sino que probablemente también exacerbaría la desigualdad económica y crearía las condiciones para una futura inestabilidad financiera.
Esperamos que el Congreso argentino y el público en general consideren cuidadosamente las consecuencias del acuerdo propuesto. Es necesario decidir cuidadosamente cuánta deuda podría tomarse con prudencia y cómo deberían ser utilizados los fondos tomados en préstamo a fin de fomentar un crecimiento inclusivo y sostenible. Antes de decidir sobre esta amplia gama de cuestiones, sería apropiado realizar una evaluación del impacto sobre los derechos humanos.
Aunque Argentina ha sido promotora de los “Principios básicos sobre los procesos de reestructuración de la deuda soberana” de las Naciones Unidas exigiendo la igualdad de trato de los acreedores, ahora está a punto de pagar a los “fondos buitres” mucho más de lo que el Estado argentino pagó a los acreedores que cooperaron en reestructuraciones de deuda pasadas.
Esto demuestra que las fuerzas del mercado e interpretaciones judiciales insólitas de las cláusulas pari passu menoscaban la aplicación de estándares internacionales encaminados a resolver las crisis de deuda de una manera justa, transparente y conforme a los derechos humanos. Ahora es aún más urgente que la comunidad internacional encuentre mejores soluciones a este problema.

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