
LA POSIBLE VINCULACION ENTRE LA EMISION DE UN BONO PORTEÑO Y LA OFFSHORE QUE MANEJO NESTOR GRINDETTI
En 2010 el entonces ministro de Hacienda porteño comandó la polémica
colocación de los bonos Tango Serie 8. Los Panama Papers revelaron que
poco después empezó a manejar una sociedad fantasma y una cuenta en un
banco suizo. Leandro Santoro pedirá mañana a la Procelac que investigue
si hay relación entre ambos hechos.
La pregunta quedó planteada cuando se hizo la operación: por qué,
siendo jefe de Gobierno, Mauricio Macri apresuró en 2010 la emisión de
los bonos Tango Serie 8 para financiar obras que entonces la ciudad no
estaba lista para poner en marcha y por qué pagó por ello al Credit
Suisse y a KBR Corporate Finance comisiones ocho veces más caras que las
que pedían otros agentes financieros. La respuesta podría llegar ahora
de la mano de los Panama Papers. De allí surgió que fue entonces que
Héctor Grindetti, en ese momento ministro de Hacienda porteño y hombre
de confianza del actual Presidente, quedó a cargo del manejo de Mercier
Internacional SA, una empresa de dueños desconocidos radicada en Panamá,
y también de una cuenta en un banco suizo vinculado con esa colocación
de deuda. El dato reavivó las sospechas de que detrás de aquel
endeudamiento por 475 millones de dólares hubo una maniobra de lavado de
dinero que luego fue destinado a financiar la actividad política del
PRO, como señala el ex candidato a vicejefe de Gobierno porteño por el
Frente para la Victoria Leandro Santoro en una denuncia que mañana
presentará ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de
Activos (Procelac) para que Macri y Grindetti sean investigados.
Según los documentos del estudio de abogados panameño Mossack
Fonseca, especializado en operar en paraísos fiscales, Grindetti tuvo un
poder para manejar la firma Mercier Internacional SA entre 2010 y 2013.
En ese lapso el ahora intendente de Lanús también figura como apoderado
de la empresa para el manejo de una cuenta en el banco Clariden Leu AG,
con sede en la ciudad suiza de Zurich.
La vinculación de Grindetti con una offshore quedó en parte eclipsada
por la revelación sobre la participación del propio Macri en dos
empresas radicadas en paraísos fiscales: Fleg Trading, la firma creada
en Bahamas en 1998 en la que el Presidente fue director, y Kagemusha,
constituida en Panamá en 1981, y que según el Registro Público de ese
país tiene a Macri como vicepresidente.
La deuda
Grindetti no dio hasta ahora explicaciones sobre su relación con
Mercier Internacional SA y la cuenta en Suiza, pero su aparición en los
Panama Papers vuelve a poner el foco sobre la emisión de los bonos Tango
Serie 8. Esa colocación de deuda se realizó entre marzo y abril de 2010
y estuvo envuelta en sospechas. El gobierno de Macri justificó la
emisión de los títulos en la necesidad de financiar las obras de
extensión de las líneas de subterráneo A, B y H, pero cuando obtuvo los
475 millones de dólares la mitad de las obras no habían sido licitadas y
terminó utilizando el dinero para otros fines.
Los agentes financieros fueron el Credit Suisse y KBR Corporate
Finance, una firma sin mayor trayectoria en la materia. La
administración PRO los contrató de manera directa y a cambio de la
colocación de los títulos a una tasa del 12,5 por ciento les pagó el
equivalente al 2 por ciento de la operación. El Credit Suisse cargó con
la mayor parte de la tarea, pero del total de nueve millones y medio de
dólares de la comisión se llevó el 0,75 por ciento. La mayor tajada,
1,25 por ciento, se la quedó KBR Corporate Finance. Entre los directores
de esa empresa estaba Edgardo Srodek, quien fue jefe de campaña del PRO
en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2005, aportó a la
campaña del macrismo en 2007, y cuyo hermano Jorge era entonces diputado
provincial por ese espacio político.
“La tasa y la comisión que se pagaron son obscenas. Me parece muy
grave que no haya habido una licitación de un banco agente”, denunció
entonces Ricardo López Murphy. Martín Hourest, por aquellos días
legislador porteño por Igualdad Social, también advirtió sobre el pago
de “una comisión absolutamente desproporcionada”. Otras provincias que
se endeudaron en la misma época consiguieron hacerlo a menores tasas de
interés. Y, según se supo, hubo bancos que ofrecieron hacer la operación
por una comisión ocho veces menor a la que se finalmente se pagó.
El gobierno de Macri no sólo tuvo que lidiar con las denuncias
políticas: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
llevó el tema al terreno judicial, donde acusó a Grindetti y también al
entonces director de Crédito Público porteño, Abel Fernández Semhan, por
administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de
funcionario público, entre otros cargos.
Entre las presuntas irregularidades de la operación que la ACIJ
denunció ante la Justicia, además de lo excesivo de la tasa de interés y
las comisiones, citó el hecho de que el gobierno porteño no hizo con
los fondos lo que había sido autorizado por la Legislatura. Los 475
millones de dólares que se consiguieron por la colocación de deuda
fueron pesificados y se convirtieron en 1843 millones de pesos, de los
cuales 600 millones de pesos fueron destinados a la compra de Letras del
Banco Central (Lebacs) y 1243 millones de pesos quedaron depositados en
el Banco Ciudad con un rendimiento anual del 6,5 por ciento. Según se
calculó, ambas decisiones habrían significado una pérdida para la ciudad
superior a los 30 millones de pesos en virtud de la diferencia entre la
tasa de 12,5 por ciento pagada a los inversores del bono y el
rendimiento obtenido por las Lebacs y el plazo fijo.
Las sospechas sobre aquella operación financiera ahora cobran más
fuerza. Santoro destaca en la presentación que hará en la Procelac que
si bien el juez Mauricio Zamudio sobreseyó a Grindetti y Semhan, los
datos que surgen de los Panama Papers ameritan abrir una investigación
porque dan cuenta de la posible comisión de otros delitos diferentes a
los que se investigaron en su momento. Hay coincidencias temporales y
hechos que respaldan esa suposición.
Las coincidencias
La emisión de los bonos Tango Serie 8 concluyó en abril de 2010. Los
documentos difundidos por el Consorcio Internacional de Periodismo de
Investigación (ICIJ) revelan que Grindetti recibió menos de tres meses
después, el 2 de julio de ese año, el “poder especial” que le confirió
Mossack Fonseca para manejar Mercier Internacional SA. Ese instrumento
legal le dio al entonces ministro de Hacienda porteño la atribución de
“administrar la sociedad sin limitación alguna, tanto mediante actos de
simple administración, así como los de disposición; celebrar o llevar a
cabo en nombre de la sociedad contratos o actos de toda clase y
descripción y más específicamente pero sin limitarse a las facultades
expresadas a continuación”.
El estudio de abogados panameño dedicado a la creación de empresas
fantasma le cedió a Grindetti el manejo de Mercier Internacional SA a
partir de instrucciones que vía mail recibió del Estudio Chadicov, que
desde Uruguay se ocupa también de brindar servicios a clientes que
buscan constituir sociedades offshore. Diez días más tarde, Grindetti
obtuvo el poder para operar la cuenta del Clariden Leu AG en Zurich.
Según consigna Alejandro Giuffrida en el sitio web Artepolítica, Mercier
Internacional SA había sido creada poco tiempo antes, el 19 de mayo de
2010, y los directores de Mercier Internacional SA que firmaron el poder
en favor de Grindetti fueron José Jaime Melendez, quien también
participa en la dirección de otras 802 sociedades, y Jaqueline
Alexander, director también en 8627 empresas más.
En su denuncia ante la Procelac, Santoro destaca de los datos
conocidos ahora se desprendería que las acciones de la Mercier
Internacional SA “son al portador y que se dividen en dos mitades”.
“Ello –agrega– es un dato relevante ya que el principal objetivo de
emitir acciones al portador es evitar que se conozca el nombre del
verdadero dueño de las mismas.”
A la coincidencia temporal entre la emisión de los bonos Tango Serie 8
y el surgimiento del vínculo entre Grindetti y Mercier Internacional SA
se suma el hecho de que el banco suizo donde estaba radicada la cuenta
que el intendente de Lanús fue autorizado a operar haya sido el Clariden
Leu AG. Esa entidad bancaria fue creada en el año 2007 a partir de una
asociación entre el Clariden Bank y el Credit Suisse. Cinco años
después, el Credit Suisse anunció la fusión definitiva de ambos bancos
bajo su nombre.
El gobierno de Macri eligió contratar al Credit Suisse a pesar de
que, asociado con KBR Corporate Finance, pedía comisiones mucho más
caras de las que ofrecían cobrar otros agentes financieros, y a pesar
también de que a esa altura ese banco ya había aparecido involucrado en
maniobras de lavado de dinero. Uno de esos casos tuvo lugar en Brasil en
2007 y derivó en la detención de un empleado del Clariden Leu AG, el
banco con el que justamente Grindetti terminaría operando en Zurich. Dos
años después, el Banco Central brasileño estableció reglas bancarias
más estrictas y obligó a varios grandes grupos internacionales a cerrar
oficinas que ofrecían ilegalmente servicios de banca privada. La medida
se produjo tras el arresto de ejecutivos de Credit Suisse y otras
entidades. El Credit Suisse y su unidad Clariden Leu AG cerraron
entonces sus sucursales representativas en ese país.
La denuncia
Más allá de considerar “relevante la relación que une a Grindetti con
el Credit Suisse”, Santoro pone también énfasis “la relación directa
del mismo con Macri y el Grupo Socma”. Al respecto señala que no sólo
los une el hecho de que haya sido ministro de Hacienda porteño, sino que
“son varias las situaciones que permiten sospechar la sociedad o el
vínculo de dependencia entre ambos”. Recuerda que Grindetti fue “uno de
los funcionarios de mayor confianza de Macri” durante su gestión en la
ciudad. “Su amistad con el actual Presidente es públicamente conocida,
pero además también es de público conocimiento su intervención en el
Grupo Socma”, añade Santoro, sin pasar por alto que el actual intendente
de Lanús “arrancó a trabajar como cadete y llegó al directorio” del
holding de empresas de la familia Macri.
Santoro sostiene que al margen de que en el caso de la emisión de los
bonos Tango Serie 8 “existió un apartamiento de la administración
porteña de aquel entonces que habría respondido a alguna motivación
ajena al interés general”, ahora hay indicios de la posible “existencia
de lavado de activos” y que Grindetti actuó “en ambos lados del
mostrador”. “Por un lado, era Ministro de Hacienda de la Ciudad
Autónoma, por el otro apoderado de una empresa para operar en un banco
que llamativamente antes de otorgarse el poder había cobrado un
porcentaje importante en una operación. En otras palabras, era el
funcionario competente con poder de decisión en la emisión de deuda y,
tiempo después, actuaba como apoderado para actuar en el mismo banco que
cobraba la comisión de tal operación”, explica.
El ex candidato a vicejefe de Gobierno porteño por el FpV subraya,
además, que “existen elementos para suponer que parte del producido por
las maniobras de lavado sospechadas pudo haber sido destinado a la
campaña electoral”. En este punto, se detiene en un dato “que –afirma–
no puede sino generar sospechas sobre el financiamiento de campaña de
2013 por parte del PRO”: que “el 14 de marzo de 2013 Macri, junto con
Grindetti, viajan a Panamá. Sin perjuicio de que dicho viaje se hizo con
los fines de obtener un crédito, no debe perderse de vista que se
realiza meses antes de las elecciones nacionales, ya que las PASO
legislativas se realizaron en agosto y las elecciones definitivas en
octubre del mismo año”. Macri informó que aquel viaje, del cual
participó también Rogelio Frigerio se hizo para pactar préstamos con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar obras en la
ciudad. Eso fue a mediados de marzo de 2013 y los tres estuvieron en
Panamá poco más de dos días. El poder de Grindetti para manejar la
offshore radicada allí expiró en junio de ese año.
En relación con el posible financiamiento ilegal de la campaña del
macrismo, el referente de la agrupación Los irrompibles recuerda también
en su denuncia la participación de Srodek en la operación de emisión de
los bonos Tango Serie 8 y manifiesta: “Se trata de una hipótesis que
cobra más relevancia, entre otras circunstancias, por el aporte
económico que algunos de los implicados en las maniobras efectuaron
también en la campaña electoral del espacio político PRO en las
elecciones legislativas de 2015, como lo es el caso de Grindetti que si
bien llamativamente no figura como aportante directo, si sospechosamente
sus empleados.” Al respecto, precisa que los colaboradores del entonces
funcionario porteño “contribuyeron con 700.000 pesos; y eligieron
hacerlo con 30.000 pesos 13 de ellos; y tres trabajadores con 25.000,
45.000 y 50.000 pesos”.
“La aparición del poder otorgado a Néstor Grindetti, un hecho nuevo
que no se conocía allá por el 2010, pone de manifiesto su vinculación
con operaciones dudosas de las que Macri no puede ser ajeno”, afirma en
su denuncia Santoro, tras advertir que la creación de sociedades
offshore no tiene otro fin que cometer alguna actividad ilícita, para
hacerse luego una pregunta: ¿Por qué el ocultamiento por parte de los
involucrados?
Grindetti hasta ahora no ha respondido. Santoro tiene su explicación:
“Porque el ocultamiento es la base de todas las maniobras que tienen
que ver con el lavado de activos o la evasión fiscal.” Desde mañana será
tarea de la Justicia encontrar la respuesta definitiva.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297168-2016-04-17.html