COMIENZA A CAER EL VELO QUE CUBRE LA CORRUPCIÓN DE ODEBRETCH Y QUIEN APARECE? MACRI

Transferencias millonarias comprometen a Macri por el Soterramiento del Sarmiento.

Son 14 millones de dólares que giró IECSA a un banco radicado en un paraíso fiscal cuando figuraba a nombre de Ángelo Calcaterra, señalado como su testaferro. Pía Calcaterra, sobrina del mandatario y actual funcionaria, está directamente involucrada en las maniobras.

Tres jueces federales recibirán esta semana información que pone en la mira transacciones sospechosas vinculadas al presidente Mauricio Macri y su familia. Esa documentación abultará las pruebas que conforman las causas Panamá Papers, Odebrecht (soterramiento del Sarmiento) y la que investiga las irregularidades en la obra pública y que hasta ahora tienen como principal acusado a Lázaro Báez.

Según detalló el diario Perfil, se trata de giros de la constructora IECSA con un banco radicado en un paraíso fiscal. Los movimientos fueron realizados entre 2009 y 2014, cuando la empresa estaba a nombre de Angelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri y sindicado como su testaferro.

Las presentaciones en Comodoro Py las realizará el diputado del Frente Para la Victoria Rodolfo Tailhade y contienen documentación detallada de los giros de dinero. Por esa razón, solicitará que se investigue si Iecsa cometió evasión fiscal por un monto aproximado de 14 millones de dólares.

El presunto delitro se habría cometido a través de una maniobra que involucra a la firma chilena Inversora Andina, cuya controlante es IECSA. Inversora Andina, sin empleados, pagó sueldos y giró dividendos a su controlante argentina a través del Pacific Trade Bank, entidad financiera registrada en Samoa, un paraíso fiscal cerca de las islas Cook, que curiosamente tiene domicilio en el mismo lugar que unas 200 empresas off shore.

Según sostiene el diputado Rodolfo Tailhade, el dinero que terminó en un paraíso fiscal provino de las obras públicas que Iecsa tiene en Latinoamérica junto con Odebrecht y Ghella.

La denuncia involucra directamente a Pía Calcaterra, administradora de Inversora Andina durante los años en que se produjeron los giros de dividendos y hoy funcionaria de la Unidad de Información Financiera, el organismo del Estado que tiene que investigar el lavado de activos.

Pía Calcaterra fue denunciada por evasión fiscal en España en 2015, y por fraude en República Dominicana, en una obra en la cual Iecsa está acusada de haberle hecho perder al estado dominicano 400 millones de dólares.

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LA PEOR NOTICIA PARA MACRI PANAMÁ ENTREGARA LOS DATOS SOBRE LAVADO

El país acaba de ratificar la convención multilateral de cooperación fiscal de la OCDE

Los profesionales abocados al blanqueo han recibido como una bomba una noticia que llegó de Panamá y que conocieron a escasos días de terminar el tiempo del Sinceramiento el próximo viernes: ese país acaba de ratificar la convención multilateral de cooperación fiscal de la OCDE y en principio comenzará a intercambiar automáticamente información tributaria con Argentina a partir de 2019.
 

Rodolfo Canese, de KPMG, explicó que con la "Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal" de la OCDE se sientan las bases y el acuerdo marco para luego comenzar a intercambiar información automática. Pero Panamá negociaría de forma bilateral y recíproca con los países el intercambio automático.

Tanto la AFIP de Argentina como la DGI de Uruguay pronto estarán en condiciones de solicitarle a su similar panameña, información que consideren relevante para el cobro de sus impuestos, indicó Guzmán Ramírez, del estudio Bergstein Abogados (Montevideo).

En la medida que la AFIP sospeche que un argentino utiliza una sociedad panameña para evadir impuestos en Argentina, la autoridad fiscal de Panamá deberá cooperar con la investigación, proporcionando la información que requieran la AFIP, añadió Ramírez.

Panamá acaba de ratificar la Convención. El pasado 16 de marzo comunicó formalmente a la OCDE la adhesión que ahora fue ratificada, y la Convención entrará en vigor para Panamá el próximo 1º de julio. Según sus cláusulas, deberá informar en 2019 sobre cuentas al 1º de enero de 2018, explicó Hugo Almoño, de PwC.

Argentina y Uruguay también adhirieron a dicha Convención. Pero para Uruguay, la Convención entró en vigor el pasado 1º de diciembre de 2016, y para Argentina está en vigencia desde el 1º de enero de 2013.

La ratificación por Uruguay de la Convención Multilateral cambió sustancialmente el panorama del intercambio de información. Antes de la entrada en vigor de la Convención Multilateral, Uruguay intercambiaba información tributaria, pero a través de acuerdos bilaterales (con acuerdos "país con país"), y lo hacía con 27 estados. Ahora, Uruguay intercambia información con 92 países. La adhesión de Uruguay a la Convención Multilateral terminó triplicando y más, la cantidad de países con los que Uruguay intercambia información, indicó Ramírez.

Esta avalancha la vivió antes Argentina, y le irá pasando de ahora en más a Panamá.

En principio, los países no están autorizados a pedir información retroactiva, pero Ramírez aseguró que si la AFIP Argentina o la DGI de Uruguay sospecharan defraudación fiscal, la propia Convención establece una excepción para el caso. Allí sí, cuando el caso tuviese repercusiones penales, tanto la AFIP como la DGI podrían solicitar información de 3 años para atrás.

¿La persona o empresa investigada tendrá "derecho a vista previa"? En otras palabras, ¿tendrá derecho a oponerse a la entrega de la información que la AFIP y/o la DGI soliciten a Panamá?, se preguntó Ramírez. Y respondió que no.

El texto de la Convención admite expresamente la posibilidad de que las personas o empresas investigadas tengan derecho a vista previa. Pero para ello los países tienen que formular una declaración ante la OCDE en la que indican que podrán notificar a la persona o empresa interesada antes de transmitir la información. Ni Argentina ni Uruguay ni Panamá formularon dicha declaración, subrayó Ramírez.

El desconocimiento del derecho a oponerse a la transmisión de información que podría resultar personalísima, atenta contra las reglas y principios del debido proceso, concluyó.

Fuente: El Cronista

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LOS JUECES Y LA FISCAL QUE ENCARCELARÓN A MILAGROS SALAS SERIAN ENJUICIADOS

  La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) certificó la vigencia de los fueros para los legisladores del Parlasur y asegura que Milagro Sala está "ilegamente" detenida y que "corresponde iniciar acciones penales contra los jueces jujeños, Raúl Gutiérrez, Gastón Mercau y la fiscal Liliana Fernández de Montiel", quienes encarcelaron a la diputada.

"El dictamen asegura que Milagro Sala está ilegalmente detenida, y que los dos jueces y la fiscal que intervinieron en ese proceso habrian cometido delitos tipificados por el código penal, todo en base a que Milagro Sala tiene fueros", explicó Miguel Palazzani, el director de la PROCUVIN, en una entrevista con Cynthia García.

"Lo que debieron hacer los jueces si consideraban que la tenían que detener, es declarar la inconstitucionalidad del artículo que le entrega fueros o bien inicar un proceso de desafuero, cosas que no hicieron", añadió Palazzani, tras presentar un escrito de 10 páginas en el que analizan la denuncia.

A su vez, el director del ente estatal aseguró que "en este momento, a criterio de la PROCUVIN, se sigue cometiendo un delito", así como también manifestó que "es obligacion de los funcionarios publicos de terminar con el delito". Por esto mismo, aseguró que han sugerido "que se comience la causa penal contra los dos jueces y la fiscal de Jujuy".

Los fiscales resolvieron que efectivamente Milagro Sala está privada ilegalmente de su libertad y además "se impone la urgente e inmediata resolución que ordene su libertad".

"Desde que fue electa el 25 de octubre de 2015 -Milagro Sala- posee inmunidad de arresto. No hay razones jurídicas ni fácticas para que la norma no sea aplicada estando vigente. Es obligación de los jueces y fiscales aplicarla", señalaron los fiscales en su resolución.

En tanto, aseguraron que "está siendo víctima de la peor violencia: la violencia institucional" que "proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y fiscales".

Fuente: Agencias 

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AL JUEZ Y FISCALES QUE ENCARCELARON A MILAGROS SE LES VIENE LA NOCHE LA PROCUVIN DICTAMINO QUE "ESTA ILEGALMENTE DETENIDA"

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó un escrito de 10 páginas en el que analizan la denuncia y las leyes relacionadas con la vigencia de los fueros para los legisladores del Parlasur, en el que se indica que Milagro Sala está "ilegamente" detenida y que "corresponde iniciar acciones penales contra los jueces jujeños, Raúl Gutiérrez, Gastón Mercau y la fiscal Liliana Fernández de Montiel", quienes encarcelaron a la diputada.

"El ditcamen asegura que Milagro Sala está ilegalmente detenida, y que los dos jueces y la fiscal que intervinieron en ese proceso habrian cometido delitos tipificados por el código penal, todo en base a que Milagro Sala tiene fueros", explicó Miguel Palazzani, el director de la PROCUVIN, en una entrevista con Cynthia García.

"Lo que debieron hacer los jueces si consideraban que la tenían que detener, es declarar la inconstitucionalidad del artículo que le entrega fueros o bien inicar un proceso de desafuero, cosas que no hicieron", añadió Palazzani.

A su vez, el director del ente estatal aseguró que "en este momento, a criterio de la PROCUVIN, se sigue cometiendo un delito", así como también manifestó que "es obligacion de los funcionarios publicos de terminar con el delito". Por esto mismo, aseguró que han sugerido "que se comience la causa penal contra los dos jueces y la fiscal de Jujuy"

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