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viernes, 1 de abril de 2016

El hijo de Bonadío es investigado por presunto lavado de dinero

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Existe una ausencia de proporcionalidad entre los ingresos y el patrimonio que declara Mariano.  
El fiscal Federico Delgado pidió que se investigue una denuncia del senador nacional Marcelo fuentes contra el hijo del juez federal Claudio Bonadio, por presunto lavado de dinero, según confirmaron hoy fuentes vinculadas a la causa.

El requerimiento del fiscal se realizó en el marco de la denuncia en la que el legislador nacional sostuvo que "existe una ausencia de proporcionalidad" entre los ingresos y el patrimonio que Mariano Bonadio declara ante los organismos oficiales.

El fiscal pidió que se abra un sumario penal al dictaminar a pedido del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, el magistrado ante quien quedó radicada la acción penal promovida hace un mes por el legislador contra Mariano Fulvio Bonadio.

Según las fuentes consultadas, el denunciado se presentó espontáneamente ante Martínez De Giorgi, hizo un descargo en el que contó que obtuvo el dinero –de "familiares"- con el que adquirió determinados bienes y cubrió gastos y se puso a disposición del juez.
Fuentes denunció al hijo de Bonadio porque, según el senador, posee un "ostentoso estudio de música en Tronador al 800 de esta ciudad, con instrumentos de "altísimo" valor.
El legislador agregó que Mariano Bonadio "habría sido el presidente originario de Mansue S.A.; de Moustache Music Corp e integrante de la empresa "Records MCL SRL".

De acuerdo al denunciante Records MCL SRL habría sido constituida en el año 2006 con un capital de 100.000 pesos, pero en la actualidad "contaría con un inmueble en el que funcionan tres salas de ensayo, equipadas con artefactos de última generación".

Fuentes sostuvo que "de acuerdo a consultas efectuadas a expertos en la materia", el montaje de cada una de las salas "habría requerido un gasto cercano a los 300.000 pesos".
El senador que a este cuadro patrimoinial "se agrega la existencia de costoso equipamiento de grabación, importado, cuyo valor podría estar cercano a 1.000.000 de dólares, ya que es importado en su totalidad".

El legislador quiere que se investigue si el denunciado actuó como testaferro, para disimular un posible enriquecimiento ilícito de su padre.
El requerimiento de Delgado no incluye al padre de Mariano Bonadio, pero en otra causa el fiscal apeló el archivo de una denuncia contra el magistrado federal.

miércoles, 30 de marzo de 2016

Lombardi acusado por un fraude millonario en San Luis

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La causa vincula al actual secretario de Medios del gobierno de Macri en una causa por fraude al Estado Nacional, que frustró la creación en San Luis del Parque Pastizal Pampeano y Venado de Las Pampas.

La causa contra hernán Lombardi se encuentra abierta desde comienzos en el año 2000 cuando cumplía funciones como interventor de la Administración Nacional de Parques Nacionales del gobierno de Fernando de La Rúa.
Lombardi y Marcelo López Alfonsín,  en ese entonces presidente del Directorio de Parques Nacionales, autorizaron la entrega de fondos por más de 1.500.000 dólares a los propietarios de un campo en la provincia de San Luis, donde se había proyectado un Parque Nacional.
Parte del dinero lo habrían recibido los supuestos propietarios del terreno de aproximadamente 10.624 hectáreas, ubicado en el sur de a provincia, los hermanos Francisco César y María Irene Millan por un monto de la compra de 2.618.000 dólares.
Según la documentacion de transacción firmados por Lombardi, Alfonsín y los Millán el gobierno desembolsó, primero, 825.000 dólares; luego, debido a una prórroga en los plazos de escrituración, entregó otros 270.000 dólares, más un anticipo de 355.000 billetes de la misma moneda.
Pero, pese al “anticipo” que representó más de la mitad del monto total de la compra, la operatoria nunca se completó “por cuestiones presupuestarias”, según la excusa oficial. Y supuestamente los vendedores se quedaron con el adelanto y, consecuentemente, el parque nacional jamás se puso en marcha.
La causa judicial
La causa judicial por el delito de “fraude en perjuicio de la administración pública” la comenzó a investigar la jueza María Sebrini de Cubría, y la retomó en el año 2005 el fiscal Federico Delgado, quien en su dictamen denunció, entre otras irregularidades:
– Lombardi y Alfonsín comprometieron al Estado Nacional a comprar el campo de 10.624 hectáreas en el departamento Pedernera de San Luis sin haber “constatado quiénes eran los reales dueños del lugar”.
– En la misma operatoria, el Estado se comprometió a conceder a los hermanos Millán el derecho de ejercer en el predio explotación agropecuaria por medio de un comodato gratuito por el lapso de 10 años.
– Los hermanos Millán desistieron de la operación, pero se quedaron con el dinero cobrado como anticipo, provocando un claro perjuicio en la administración pública.
Pese a las duras acusaciones del fiscal, la causa no se movió, pasaron los años y en septiembre de 2011 la jueza la declaró extinguida por prescripción de la acción penal. Sin embargo, el 6 de mayo de 2013, la Cámara Penal Federal de Casación Penal, en coincidencia con un fallo de la Sala IV del Tribunal, ordenó que se prosiga la investigación contra Lombardi y Alfonsín.
Los fallos a favor de la no prescripción tienen como fundamento la condición de funcionarios públicos de los imputados. En el caso de Lombardi, formó parte del gobierno de la Alianza hasta fines de diciembre de 2001. Se “recicló” en el año 2007 como ministro de Cultura de la Ciudad por el PRO de Mauricio Macri, quien ahora lo designó como responsable del Sistema Nacional de Medios Públicos.
El parque que no fue
El lugar donde históricamente se crió el Venado de las Pampas es una amplia llanura ubicada en el extremo este de lo que se conoce como región pampeana, al sur de San Luis. Comprendía unas 150.000 hectáreas, cuya importancia y singularidad estaban dadas porque se trataba de un ecosistema que se había conservado en un estado natural desde hace miles de años.
El pastizal natural de la llanura pampeana es tan emblemático de la Argentina como el venado de las Pampas lo es para San Luis; la presencia de esta especie de ciervo en el escudo provincial es una clara muestra de ello.
Por eso, en el año 1987 se sancionó la Ley N° 4777 que no solamente prohibía en toda la provincia de San Luis la caza del venado sino que también castigaba a quienes modifiquen su hábitat, que es el ambiente donde una especie vive, en este caso, el pastizal pampeano.
A mediados de los ’90 profesionales del INTA y miembros de la Fundación Vida Silvestre pusieron sus ojos en esta región del sur de San Luis. Y por eso, el 15 de mayo de 1997 el Gobierno Nacional y Provincial firmaron un convenio para la creación de un Parque Nacional.
La Provincia se comprometió a preservar el área núcleo y, en común acuerdo con los propietarios, iba a crear un espacio de producción controlada, que rodearía la zona afectada al Parque.
Pero, los pasos siguientes a la firma del acuerdo no fueron los adecuados. Además de la operatoria bajo sospecha y las denuncias contra Lombardi, el gobierno de San Luis no hizo mucho para defender el parque y dejó que los propietarios de los campos arrasaran con la flora autóctona y, además, construyó caminos y autopistas justamente en el área donde se había proyectado la reserva natural.
Por entonces, uno de los propietarios de la mayor parte de esos campos decidió arar, de un solo plumazo, 30 mil hectáreas de pastizal pampeano.
Decisiones similares tomaron otros dueños de esas tierras, a tal punto que de las 150 mil hectáreas que se querían proteger para la conservación de las especies, sólo quedaron 60 mil, aún sobrevivientes de esa depredación; y de los más de 1.500 venados que se contaron años atrás, habría ahora menos de 700.
En el medio de la compleja situación que deja al Venado de las Pampas al borde de la extinción, sigue retumbando la irregularidad detectada por el fiscal Federico Delgado al denunciar que Lombardi y Alfonsín comprometieron al Estado Nacional a comprar el campo de 10.624 hectáreas en el departamento Pedernera de San Luis sin haber “constatado quiénes eran los reales dueños del lugar”.
La pregunta es ¿quiénes son los reales dueños del campo donde se proyectó el parque?.
Fuente: San Luis Noticia

 

martes, 15 de marzo de 2016

Denuncian a Macri por: "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público"

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El fiscal Federico Delgado dio impulso hoy a una denuncia y pidió investigar al presidente Mauricio Macri y todo su gabinete por la negociación para el pago de la deuda a los fondos buitres y holdouts, ante una posible "defraudación por administración fraudulenta".

Delgado hizo lugar a la denuncia presentada el lunes en los tribunales de Comodoro Py por los abogados Horacio Corti, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis en representación del instituto "Arturo Sampay".

La denuncia fue presentada por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público".

"Creemos que hay que abrir una investigación penal", escribió el funcionario público a cargo de la fiscalía que interviene en todos los eslabones que se han transformado en causas judiciales derivadas del endeudamiento externo desde 1976.

El escrito de pedido para que se inicie la investigación está dirigido al juez federal Sebastián Casanello, en cuyo juzgado quedó la denuncia presentada el lunes por Corti, Barcesat y Cholvis. En su pedido, Dolgado reconoció que la experiencia de la fiscalía es "bastante frustrante" porque las causas que giran en derredor de la deuda externa en general "no avanzan", pero consideró que aún con esos límites, la cuestión de la deuda es un drama ontológico del Estado argentino.

Según las causas judiciales, desde Martínez de Hoz, el Plan Brady o el Megacanje, la deuda se toma para encarar el desarrollo económico, pero luego vira y toma otro camino: financiar la fuga de capitales, escribió el fiscal.

Y opinó que en medio de ese viraje "se produjeron siempre graves delitos" por lo que frente a este nuevo capítulo de la deuda, "la disyuntiva es la misma pero no podemos hacer nada al respecto". "Hemos sido testigos también de un hábito crónico: prorrogar la jurisdicción de nuestros tribunales, renunciar a la inmunidad soberana, recortar en consecuencia las facultades de nuestro poder judicial e invariablemente ser vapuleados en tribunales judiciales o administrativos extranjeros", se quejó Delgado.

Entre los hechos a investigar, el fiscal apuntó determinar si en cierto modo se estaría premiando la práctica de los acreedores especuladores (fondos buitres) que habrían ganado diez veces más que lo que invirtieron, después de que se omitiera las directrices de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas plasmadas en la ley 27.707.

La otra dimensión en la que se avanzará es el caso de los bonistas italianos, dado que el Gobierno -según la denuncia- ofrece pagos sobre un reclamo que todavía no tiene decisión firme y cuenta con antecedentes contrarios al pago, con lo cual también se estaría perjudicando el erario público.

El último segmento de esta presentación fue designado como "El Megacanje II" por los denunciantes: afirman que el Gobierno mediante un DNU del 22 de diciembre, ha puesto en marcha un megacanje de deuda por un total de 16.099 millones de dólares, que agregará nuevos intereses para el Estado Nacional".

"Sobre estos hechos se tiene que desplegar la instrucción. Básicamente porque hay dos lentes con la que mirar la legalidad de estos hechos aún en curso de ejecución algunos de ellos y determinar, en última instancia, si se defraudaron las arcas públicas", escribió el fiscal.
Fuente: El Destape

martes, 12 de enero de 2016

Denuncian a Mauricio Macri por presunta falsificación de un decreto presidencial

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Diputado denunció penalmente al presidente Macri por los delitos de desobediencia a una orden judicial, falsificación de instrumento público y posible comisión del delito de quebrantamiento de una inhabilitación judicial
El diputado nacional (FPV) Adrián Grana denunció al presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y los demás ministros firmantes del DNU 267/2015, mediante el cual se dispuso la disolución de la AFSCA y AFTIC, la creación del Ente Nacional de Comunicaciones y la modificación de las leyes 26.522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27.078 (Argentina Digital). 

“Macri gobierna al margen de la ley y desobedeciendo a los jueces”, consideró el legislador kirchnerista, quien explicó: 

“Hay una medida cautelar que impide al presidente y cualquiera de sus funcionarios avanzar sobre la regulación de los medios audiovisuales".

"Pero a Macri no le importó y dictó un decreto que elimina a AFSCA y AFTIC, crea un nuevo ente con hegemonía absoluta del macrismo y elimina todos los límites que la ley le pone a los grandes medios. Es una clara desobediencia a una orden judicial”


Grana presentó la denuncia contra las autoridades nacionales ante el juez federal en lo Penal Nº 3 de La Plata Ernesto Kreplak, por losdelitos de desobediencia a una orden judicial, falsificación de instrumento público y posible comisión del delito de quebrantamiento de una inhabilitación judicial. 
Ocurre que el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias había dictado, con vigencia desde el 29 de diciembre, una medida precautelar que determinaba “la prohibición de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522”. 

Sin embargo, a pesar de la orden judicial de Arias, el pasado 4 de enero se publicó el DNU 267/2015 que disuelve AFSCA y AFTIC, crea el Ente Nacional de Comunicaciones y modifica las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Argentina Digital.

La presunción del delito de falsificación de instrumento público se basa en la posible alteración de la fecha en la que fue firmado el citado decreto 267/15. En una conferencia de prensa realizada por el Jefe de Gabinete Marcos Peña, en la mañana del 30 de diciembre, anunció que el decreto sería firmado esa misma tarde por el Presidente de la Nación. Sin embargo, el decreto de necesidad y urgencia, publicado ayer, lleva la fecha del 29 de diciembre, día en el que Mauricio Macri se encontraba veraneando en Villa La Angostura, Neuquén, como es de público conocimiento.
La denuncia de Grana se suma a la realizada el 31 de diciembre por el delegado de AFSCA La Plata Guillermo Guerín, contra el interventor de Macri en AFSCA Agustín Garzón, por tomar decisiones administrativas en el organismo, a pesar de la restricción impuesta por el juez Arias.

​Entre esas decisiones, Garzón impidió el ingreso de funcionarios a la sede de AFSCA, con la asistencia de la Comisaría 3ª de la Policía Federal, por lo cual también fue denunciado su titular, el comisario Esteban Artola. En el día de hoy, Guerín también amplió su denuncia y la hizo extensiva al presidente Macri y los miembros del Gabinete.