ESTA MANSION CUYO PROPIETARIO ES FREDY MORALES, HERMANO DEL GOBERNADOR DE JUJUY, UBICADO EN EL COUNTRY LA ALMONA, ESTA VALUADA EN MAS DE 40.000.000 DE PESOS.
TIENE UN LAGO PROPIO Y ESTA EMPLAZADA EN UN PREDIO DE SEIS HAS.
Como logra estos bienes, es la historia que la mayoria de los jujeños no saben o no quieren saber.

Gerardo Morales es el referente nacional del radicalismo jujeño. Es el mayor y más conocido de los Morales, es senador nacional y fue secretario de Desarrollo Social en el gobierno de la Alianza. Fue presidente del Comité Nacional de la UCR entre 2006 y 2009. Desde hace años mantiene un enfrentamiento personal con la líder de la Tupac Amaru: la denunció judicialmente por agresiones, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otras acusaciones.

En el 2011, la Tupac Amaru le respondió legalmente con una presentación ante la Unidad de Información Financiera a la que le solicitó que investigue “el perfil patrimonial y financiero” del senador radical. “Su situación económica –la cual se encuentra en su correspondiente declaración jurada–, no condice con su ostentoso nivel de vida”, aseguraron en el documento. El caso sigue investigándose en la unidad que preside José Sbatella.

Héctor Freddy, menos conocido pero con mucho poder en su pago chico, es el segundo de los Morales. Actualmente se desempeña como diputado provincial, preside la Comisión de Economía de la Legislatura, y es tesorero del comité provincial de la UCR. En su trayectoria política trabajó como asesor del bloque radical en el Senado nacional. Con el ascenso de la Alianza logró reubicarse en el directorio del Banco Hipotecario. Contador público nacional –ingresó a la Contaduría provincial durante la última dictadura, en septiembre de 1982–, en San Salvador de Jujuy lo señalan como el administrador de los negocios de Gerardo y armador financiero y económico de la UCR provincial.

El registro de la propiedad provincial ilustra la destreza de Freddy con los números. El actual diputado posee al menos cuatro inmuebles en San Salvador de Jujuy. La adquisición de uno de ellos, un terreno en Alto Comedero, escriturado en el Registro de la Propiedad de Jujuy bajo el Padrón 98960, matrícula 76611, fue sumamente polémica.

De acuerdo con la versión oficial, en la década del ’90, un grupo de legisladores le inició un juicio al Estado jujeño porque quería cobrar una diferencia que habría existido en sus haberes, producto de un aumento salarial que debían haber percibido y nunca recibieron debido a los serios problemas financieros que afrontaba la provincia. El pleito resultó favorable a los diputados pero como Jujuy continuaba con sus turbulencias económicas, el gobierno –se dijo– decidió saldar su deuda con las tierras de Alto Comedero, que había expropiado hacía poco tiempo.

Un expediente que tramitó en el Juzgado Civil y Comercial 7 de San Salvador de Jujuy, Secretaría 13, bajo el número A-61817/92, arroja luz sobre aquella operatoria. Según consta en la causa que estuvo en manos de la entonces jueza María González de Prada, Dora Acme Pardiñas de Bustamante Pérez y Ernesto Bustamante Pérez colocaron un terreno de 350 hectáreas en la zona de Alto Comedero como garantía de un crédito que habían tomado. “Como no pudieron pagar la deuda, la tierra quedó hipotecada. En 1997, aquellos terrenos fueron vendidos al contador Miguel Luis Jiménez”, explicó una fuente con acceso al expediente. Misteriosamente, 89 hectáreas pasaron luego a manos de doce legisladores provinciales –entre ellos Freddy, Raúl Alberto García Goyena (UCR) y Luis De la Zerda (PJ)–. En la memoria del registro de propiedad provincial no figura ese traspaso: “Se borró del registro la información referida a esos lotes, de por lo menos cinco años”, explicaron.

El rol del contador Jiménez fue crucial: fue quien cedió los derechos y las acciones de las 89 hectáreas –de un lote de 350 hectáreas– a los diputados, quienes no podían acceder a la tierra porque la ley de ética pública provincial prohíbe a los legisladores trabar negocios con el Estado.

Atento a los negocios familiares, el 9 de abril de 2003, Freddy se vinculó a la empresa Viajes del Capricornio SRL, en sociedad con Marcelo Ramón Santa, un ambicioso emprendedor que posee al menos siete empresas, la mayoría financieras. En febrero de este año pasó a controlar la totalidad de la agencia de viajes junto a su esposa, Ángela Patricia Reyna.

Viajes del Capricornio es conocida en Jujuy como VC Turismo –que no existe como razón social–. Como tesorero del partido, Freddy autorizó que el comité contratara los servicios de su empresa de viajes. Si bien no fue mucho dinero, el gesto derrumba el mito de la impoluta moral correligionaria: en el balance 2012 firmó que el 26 por ciento del capital destinado a “Viáticos y Movilidad” vaya a sus arcas.

A esto se suma el halo fantasmal que rodea a VC Turismo: es imposible encontrar un local oficial de la empresa. En la página de la Secretaría de Turismo de Jujuy la sociedad aparece bajo el legajo 4322 y el domicilio Belgrano 1083, local 3. En esa dirección se encuentra el Registro Civil local. Pocos conocen dónde se encuentran sus oficinas.

Tras una ardua búsqueda, este cronista logró dar con el local de VC Turismo sobre la calle Balcarce al 128. Curiosamente, no tenía cartel identificatorio y sus vecinos no conocían con exactitud dónde estaba ubicada. Al ingresar, quien atendía el local no supo decir si viajaban a Purmamarca –una zona turística muy bella, ubicada a 65 kilómetros de la capital–. Nos entregaron un papel de la empresa y nos pidieron volver más tarde.

Freddy también está vinculado a la sociedad Servicios del Norte SRL desde el 14 de julio de 2010. Se trata de una firma multirrubro que se dedica a actividades financieras, inmobiliarias, mandatarias, comerciales, agrícolas, ganaderas y de la construcción. Su esposa también asumió como accionista. Uno de los ex socios de esta firma, el radical Pablo Andrés Giachino, está vinculado a una cooperativa denunciada por actividades irregulares que tuvo a empleados públicos como víctimas: la Cooperativa Creycon de Crédito Limitada (en la que trabajó entre el 2005 y el 2006), que roza de cerca a Freddy Morales.

Al menos diez empleados públicos de la Legislatura provincial denunciaron a esa cooperativa en el juzgado de investigaciones penales de San Salvador de Jujuy. Los trabajadores la acusaron de debitarles dinero de sus sueldos a través de la utilización irregular de los “códigos de descuento”. Se conoce con esa denominación a una de las formas de financiación que utilizan las asociaciones civiles jujeñas. A saber: un socio que está con problemas de dinero puede comprar, en un local determinado y a través de un código, el producto que necesite y al mes siguiente, cuando se le deposite el sueldo, se le debitará lo que compró. El problema fue que en esta ocasión el débito se realizó en base a transacciones fantasma, que los empleados provinciales no realizaron.

La Cooperativa Creycon de Crédito Limitada, con sede porteña, se transformó en una ventana hacia los negocios del clan Morales. Es que la firma tiene domicilio en el piso 19 de la calle Maipú 311 de la ciudad de Buenos Aires, el mismo que brinda como domicilio fiscal Marcelo Ramón Santa, el otro ex socio de Morales en VC Turismo. Santa, según se desprende de los registros oficiales, figura como accionista en al menos siete empresas desde 2000 hasta la fecha, muchas de ellas financieras ubicadas en diversos pisos del mismo edificio de Maipú al 311. Por caso, en el mismo piso que la Cooperativa Creycon, Santa posee la financiera, inmobiliaria y constructora Valsa SRL. Y en el piso 11 del mismo edificio –ese departamento es otro de los domicilios de Santa–, se encuentra la financiera Interpagos, también a nombre del misterioso empresario. En el piso 20, el ex socio de Freddy dice explotar la firma NSG System y Soluciones Electorales.

La misma metodología de retención irregular de haberes fue denunciada por los trabajadores de la Asociación Civil del Personal del Palacio de Gobierno (A.Per.Pa.G) jujeña. Los empleados públicos acusaron a la Asociación Mutual Amanecer Solidario de descontarles dinero de sus haberes sin que ellos hubiesen realizado ningún gasto vinculado a esta firma. Se trató de descuentos menores que pasaron desapercibidos porque los recibos de sueldo provinciales suelen entregarse con tres meses de atraso. “Alguien pasó los números de los recibos a la mutual acusada. La cúpula está vinculada al radicalismo”, explicó un letrado que sigue el caso de cerca. Basta recordar que en Jujuy hay alrededor de 60 mil empleados públicos para comenzar a hacer cuentas de las sumas abultadas que pueden obtenerse a través de esta vía ilegal.

A esto se agrega que la única razón social que figura como Amanecer Solidario tiene domicilio fiscal en la ciudad de Buenos Aires. No obstante, los habitantes de San Pedro de Jujuy saben que la oficina de la calle Sarmiento al 186 es una sucursal de la mutual acusada aunque ningún cartel lo especifique. Así lo confirma la guía telefónica.

A su vez, esta revista pudo reconstruir que los proveedores municipales de mercadería y maquinaria pesada se quejan en privado por las altas comisiones que les facturan en el municipio de San Salvador de Jujuy. Los ojos apuntan al menor de los Morales, Walter Rolando, quien trabaja como subsecretario de Hacienda en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y fue apoderado de VC Turismo. Por temor a represalias y perder los negocios, ninguno de los afectados quiere brindar su nombre. Se sabe: pueblo chico, infierno grande.

de : revista veintitres